Con fecha de 22 de abril de 1997, recibimos los siguientes comunicados de la Liga Mexicana por la defensa de los Derechos del Hombre.

México, D.F., 21, abril 1997. A los Medios de Comunicación y organismos de los derechos Humanos Nacionales e internacionales. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, organismo con estatuto consultivo ante la Organización de Naciones Unidas (Resolución 1296), filial de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y corresponsal del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), informa sobre diversas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estado de Guerrero.

Según notas periodísticas, Gerardo HURTADO ARIAS, fue asesinado el día 20 de abril de 1997, alrededor de las 19:00 horas, a las afueras del poblado de Tepetixtla, cuando se encontraba con otras personas después de haber asistido a una boda. Los testigos no pudieron identificar a los agresores; solo escucharon los disparos de arma de fuego. Sospechan que la agresión pudo ser ejecutada por un grupo paramilitar que actúa en esa zona desde la masacre de Aguas Blancas.

El mes anterior, Gerardo HURTADO había sido golpeado y amenazado de muerte por desconocidos debido a su participación en la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCCS.

Rocío MESINO, dirigente de la OCCS, denuncio en conferencia de prensa, que Ignacio ONTÍVEROS y Eusebio VÁZQUEZ, representantes de esa Organización en Tepetixtla, recibieron mensajes anónimos en los que se les amenaza de muerte "si bajan de la sierra para hacer manifestaciones". Atribuyó las amenazas a un grupo paramilitar encabezado por Gabriel VÁZQUEZ, y compuesto por unos 15 hombres armados con escopetas automáticas y pistolas 9 milímetros, que opera en la sierra de Tepetixtla.

Además, Rocío Mesino mencionó que la comunidad de Agua Fría se encuentra prácticamente abandonada por las amenazas de muerte que han recibido la mayoría de las personas.

Seguimiento del caso: Mario VALDEZ LUCENA, dirigente del PRD en Atoyac, presentó denuncia ante la Procuraduría de Justicia de la República contra un grupo de hombres que operan con armas de alto poder en la sierra del Paraíso. Según el denunciante, este grupo es protegido por el gobierno del estado y fueron los autores del atentado que sufrió en el mes de septiembre de 1996, ya que las personas que lo agredieron con armas de alto poder solo fueron consignados por el delito de intento de homicidio, por lo que obtuvieron su libertad bajo caución.

Los agresores, Mariano BAUTISTA CATALÁN, Heli GONZÁLEZ SOTELO, Ubaldo SÁNCHEZ CRUZ, Neftalí GONZÁLEZ SOTELO y Gaudencio BENÍTEZ GONZÁLEZ, son miembros del grupo priista "Ingeniero Rubén Figueroa Figueroa", de la comunidad El Paraíso, municipio de Atoyac. A pesar de que existen pruebas de que los atacantes utilizaron armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, el procurador de justicia del estado, Antonio HERNÁNDEZ DÍAZ, se ha negado a remitir el caso al Ministerio Publico Federal para que investigue dicho delito.

Valdez Lucena considera que la conducta omisa del procurador de justicia del estado es con el fin de lograr la impunidad para los delincuentes, quienes continúan en la región de la sierra de Coyuca, portando armas de alto poder (AK-47, AR.15, 38 super), y que significan un peligro para los habitantes de El Paraíso.

El campesino Avelino TAPIA MARCOS, de la comunidad de Alpoyacatzingo, municipio de Ahuacuotzingo, informó a medios de comunicación que fue detenido por mas de 20 horas entre el 7 y 8 de abril, por elementos del Ejercito Mexicano, quienes lo torturaron para exigirle informes sobre arsenales y se confesara ser miembro del Ejercito Popular Revolucionario. Mencionó que un día antes, los soldados del la 35 Zona Militar realizaron cateos y detuvieron a su hijo Joaquín TAPIA FRANCISCO.

El lunes 7 lo llevaron a casa de sus padres y aprehendieron a Tapia Marcos, quien relato que le exigían informes de "un tal Agustín OJENDIS", así como sobre armas y guerrilleros. Me dijeron que era mejor que les dijera que si, porque si no me iban a matar a golpes; luego me llevaron al río de Pochutla y ahí me vendaron los ojos, pero sentí cuando me metían al agua y me gritaban para que les contestara.

Agregó que fue golpeado y que los soldados le colocaron en repetidas ocasiones una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarlo, además de que lo ataron de pies y manos. Según su narración, pudo salvarse porque escucho que alguien al que llamaban comandante se acercó muy molesto al grupo de soldados que lo rodeaban y le dijo a uno de ellos: En este momento me lo llevas a donde lo recogiste y ahí lo dejas. Lo dejaron cerca del panteón de Alpoyacanzingo y llego a su casa a las dos de la tarde del 8 de abril. Para ellos no paso nada, pero sigo con los dolores, concluyo el indígena.

Por todo lo anterior, solicitamos a los organismos nacionales e internacionales, dirigir acciones a Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que se investigue a las autoridades involucradas en estos hechos y se apliquen las sanciones correspondientes previstas en las leyes vigentes en nuestro país.

De acuerdo con información proporcionada por la señora María Estela García, esposa del señor Celerino Jiménez Almaraz, indígena zapoteco, de 25 años de edad, el día 24 de abril de 1997, en la comunidad de Santa María Jalatengo, San Mateo Río Hondo, Distrito de Miahuatlán, aproximadamente a las 2:00 de la madrugada, llegaron mas de 50 elementos de la Policía Judicial de Oaxaca, todos vestidos de negro y algunos con la cabeza cubierta. Derribaron puertas y ventanas, introduciéndose por la fuerza y golpearon a todos los que se encontraban dentro de la vivienda.

Los mas golpeados fueron: Aquilino García Ramírez, quien quedo ensangrentado producto de los golpes; Severa Ramírez García, de 59 años, a quien empujaron y la golpearon; Juan García Ruiz, de 77 años, invidente a quien le dieron de patadas y lo dejaron tirado; María Estela García Ramírez, a quien le dieron golpes en el rostro y en todo el cuerpo, le jalaron el cabello, la colocaron boca abajo en el piso y le pusieron los pies encima.

Según el mismo testimonio, a Celerino Jiménez Almaraz lo empezaron a golpear, al mismo tiempo que le decían: Párate hijo de tu pinche madre. Lo jalonearon, arrastraron y desnudaron. Cuando se lo llevaban se escucharon disparos y alguien que gritaba acciónale. Al parecer lo hirieron, porque dejo un rastro de sangre y vómito por donde lo arrastraron.

La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, PGJE, informó que Celerino Jiménez Almaraz murió en el trayecto a Pochutla, cuando lo llevaban para darle atención medica; sin embargo, cabe la posibilidad de que lo hayan ejecutado. De acuerdo al testimonio de la señora María Estela García, esposa del indígena zapoteco Celerino Jiménez, se desconocen los motivos de la detención violenta y muerte, ya que no tenia orden de aprehensión y tampoco fueron interrogados sobre algún hecho delictivo. Por lo anterior b) Respeto a los derechos humanos de todas las personas, en especial de los indígenas, mujeres, los niños y los ancianos, quienes son los mas vulnerables. Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales, para que se pronuncien por:

Investigación y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos; Respeto a los derechos humanos de todas las personas, en especial de los indígenas, mujeres, niños y ancianos, quienes son los mas vulnerables y por el respeto a los derechos humanos de los indígenas, campesinos, y mexicanos en general que están sufriendo las consecuencias de la violencia y la represión, dirigiéndose al C. Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Fax: 515-5729 o 516-5762; C. Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Gobernación, Fax: 546-5350 y al C. Lic. Diodoro Carrasco Altamirano, Gobernador de Oaxaca Fax: 951 550 77, solicitando la desmilitarización y desaparición de bandas paramilitares y guardias blancas del país, cesen las detenciones arbitrarias, dezapariciones-forzadas, ejecuciones y encarcelamientos por motivos políticos y sociales, así como la fabricación de culpables por medio de la tortura y el hostigamiento contra la población en general.