La posibilidad de resolver los graves problemas nacionales de carácter económico y político que afectan a la sociedad mexicana se alejan en un proceso sin retorno, la transición pacífica a la democracia se ve gravemente afectada por una lógica política carente de contenido humano, implementada por el estado en la que la salida militar, es la única opción, el sistema político, se encuentra inmerso en una crisis política en la que el gobierno demuestra su incapacidad para encontrar soluciones en donde se prescinda del uso de la fuerza; hasta ahora la violencia gubernamental está causando al pueblo de México un alto costo social que se refleja en el incremento del número de asesinados.

En Guerrero en tan sólo una semana han sido asesinados 5 ciudadanos de diversas organizaciones sociales y 9 detenidos desaparecidos por el ejército, en el Mpio. de Ahuacotzingo, en Chiapas en estos últimos meses han sido asesinados un número aproximado de 100 campesinos en tanto que las bandas paramilitares actúan con el apoyo total del gobierno; en las zonas en conflicto en las regiones del norte de Chiapas como en las comunidades de la Sierra Madre; en Oaxaca grupos paramilitares conocidos como entregadores han establecido un cerco en torno a la Región Loxicha no pueden entrar miembros de organismos de derechos humanos ni de organizaciones sociales cuando logran hacerlo son objeto de agresiones, como sucedió con el Campamento en solidaridad con los pueblos de Loxichas, que establecieron el 21 de marzo en la región ciudadanos de Ongs y otras organizaciones que fueron agredidos resultando 30 personas heridas 6 que requirieron hospitalización urgente.

El gobierno mexicano también realiza operativos policiacos y militares continuando con la detención de ciudadanos, a consecuencia de estos operativos se encuentran 60 indígenas zapotecos de la región en las cárceles de Ixcotel, Oaxaca y del Distrito Federal; en los estados del Norte de la República, es alarmante el incremento de ciudadanos víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, en ciudad Juárez Chihuahua continúan apareciendo cadáveres de jovencitas violadas y descuartizadas en número aproximado de 85 mujeres en 4 años, asimismo se incrementa en lo que va del año a 40 personas la cantidad de detenidos desaparecidos que las autoridades pretenden encubrir como casos de narcotráfico, en donde es evidente la responsabilidad de los diversos cuerpos policiacos y militares en los hechos.

Atentados a dirigentes populares y defensores de Derechos Humanos, como el que sufrió el C. Profesor Antonio Hernández Ruvalcaba quien fue baleado, con la finalidad de impedir la realización de la Marcha por la Dignidad, el pasado 2 de abril. Al hecho de sustituir a policías por elementos militares, en el D.F., se suman las primeras medidas equivalentes al toque de queda implementados en los estados de Nuevo León , Jalisco, Guerrero y Oaxaca, en estos estados y el de Chiapas, se han concentrado elementos militares, creando 4 nuevas zonas militares en este último Estado.

Las fuerzas públicas y militares han pasado descaradamente al ataque a la población civil como lo demuestra el ametrallamiento desde helicópteros de un grupo de campesinos en San Pedro Nixtalucum estado de Chiapas.( fueron asesinados 4 campesinos).

La Ley antiinmigrante aprobada en los Estados Unidos, por las graves violaciones a los derechos humanos que implica y el tema de la certificación manipulada por el Congreso Norteamericano y manejada como premio o castigo para los pueblos de América Latina, es un hecho sumamente preocupante.

Por otro lado, las pláticas entre el gobierno y el EZLN no se han reiniciado; respecto a los acuerdos de San Andrés Larraizar, el gobierno ha dado marcha atrás en su cumplimiento, hecho que llevó a la actual crisis, según expresa Juan Guerra integrante de la Comisión de la Concordia y Pacificación ( COCOPA), demostrando que el proceso de paz, ha sido una táctica dilatoria con fines propagandísticos encubriendo sus intenciones militares de cercar y aniquilar al EZLN.

Es preocupante para la sociedad el nivel de corrupción alcanzado en altas esferas gubernamentales, la detención del General Jesús Gutiérrez Rebollo, asimismo el encubrimiento de crímenes de estado y el sembrado de cadáveres como método para ajustar cuentas entre los grupos de poder, se convierte en un asunto grotesco que rebela los vicios que corroen al sistema de impartición de Justicia.

La inexistencia de la autonomía del poder judicial impide la correcta aplicación, procuración y adminstración de la justicia. En todas las estructuras del poder judicial, llámense ministerios públicos, juzgados de primera instancia, juzgados de Distrito, Tribunales Coaligados y Suprema Corte de Justicia, se actúa por consigna política, sin apego a derecho, ejemplos claros son los casos de los presos políticos de Puente Grande Jalisco y Almoloya de Juárez: David Cabañas Barrientos Felipe Edgardo Canseco Ruiz, Ana María Vera Smith, quienes a pesar de tener 6 años de prisión permanecen sin sentencia y sometidos a condiciones infrahumanas, que atentan contra su salud física y psicológica, sobre todo Ana María Vera Smith, quien es la única mujer que permanece en este penal.

Similar situación viven Italo Ricardo Díaz Díaz Rubén Díaz Díaz, Delfino de Jesús Hernández Aguilar, Rey Venegas Castro, Hermenegildo Torres Cruz; así como los indígenas Manuel Manriquez San Agustín y Francisco Javier Anita y el Dr. Felipe Martínez Soriano, quienes fueron trasladados ilegalmente a estos penales. Quienes han realizado ayunos escalonados para exigir el traslado a un penal de mujeres de la C. Ana María Vera Smith y el apego a derecho en sus procesos, medida extrema que pone en riesgo su vida por su deteriorado estado de salud.

Aún con todo y la existencia del narcotráfico, y la corrupción imperante en la aplicación de la Justicia, la preocupación fundamental del gobierno mexicano es la lucha en contra de los movimientos armados existentes en nuestros país el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional y del Ejercito Popular Revolucionario, destinando para ello grandes recursos económicos en la adquisición de pertrechos militares, pago a los asesores extranjeros que incluso han participado en sesiones de tortura aplicadas a los presos políticos, lucha que se extiende en contra de los movimientos sociales que demandan solución a diversos problemas de carácter económico y político.

En este marco se inscribe la persecución implacable, detenciones arbitrarias y asesinatos de luchadores sociales, principalmente en contra de los Miembros de las organizaciones que conforman el Frente Amplio por la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional (FAC-MLN) en los Estados de Oaxaca, Chiapas Guerrero, Veracruz e Hidalgo, a una sola organización la Organización Campesina de la Sierra del Sur ( OCSS ) perteneciente a la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur ( UOSS) le han asesinado 26 campesinos; en Chiapas a la Organización Emiliano Zapata ( OCEZ ) le han asesinado a 33 miembros; a la Unión Campesina Popular Francisco Villa le han asesinado 18 miembros ( UCPFV).

Así mismo se ha generalizado la detención arbitraria de luchadores sociales, de diversas organizaciones entre ellas de más de 100 presos Políticos del FAC-MLN, recluidos en cárceles de Acapulco y Chilpancingo Guerrero, Cerro Hueco Chiapas, Fortaleza de San Carlos en Perote Veracruz, Ixcotel en Oaxaca Reclusorio Norte, Oriente y Sur en el Distrito Federal. Entre los que se encuentran miembros de la Unión de Vendedores Ambulante 28 de Octubre, del Frente Popular Francisco Villa, Unión de Comuneros Emiliano Zapata y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala.

Pese a la represión generalizada y a la guerra sucia que sigue cobrando víctimas, el movimiento de masas va en ascenso, movimiento que incide en el proceso electoral, el cual empieza a representar para el Estado un peligro, por la posibilidad de lograr mayoría de la oposición a en el Congreso. Previendo esta posibilidad, el Estado está aplicando medidas represivas, dirigidas a impedir que miembros de la oposición triunfen en las elecciones derrotando al Partido de Estado (PRI); como las detenciones ilegales de luchadores sociales con fuerte arraigo popular, la detención del candidato a diputado por el Estado de Oaxaca, Alfredo López Ramos, recluido en la Cárcel de Ixcotel Oaxaca desde el 16 de abril, por los mismos motivos fueron detenidos los ciudadanos Hilario Mesino Acosta, Bertoldo Martínez Cruz y Beningno Guzmán Martínez, presos en el Centro de Readaptación Social de Acapulco, Guerrero.

Como parte de esta campaña, el presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León ha declarado públicamente, que con un Congreso mayoritario de oposición, le sería imposible gobernar. En estas condiciones el proceso de unidad del movimiento de masas avanza, se estrechan las relaciones entre diversas organizaciones y coordinaciones que existen en el país, con el objetivo de hacer frente a la represión generalizada, cerrando pasos al militarismo, para impedir el baño de sangre que intenta dar el Estado.

Consideramos de suma gravedad que el estado desestime los llamados de diversos sectores sociales a participar en un proceso de transición a la democracia, en un marco de respeto a la Constitución Política y a los derechos humanos, que no comprenda las dimensiones de la fuerzas sociales que se pronuncian por el cambio y no acepte que el momento de hegemonías de clase es obsoleto y que hemos arribado a una etapa superior del desarrollo humano en donde la participación de todos los sectores sociales es condición indispensable para definir los programas políticos y económicos que la sociedad demanda.