En relación al debate que se ha suscitado respecto a la resolución de la crisis de rehenes en el Perú, y como respuesta a algunos de los mensajes que hemos recibido después de la emisión de nuestro comunicado del 23 de abril de 1997, el Comité Inter-iglesias Canadienses Pro Derechos Humanos en América Latina (ICCHRLA) expresa lo siguiente:

La primera declaración del Comité Inter-iglesias Canadienses Pro Derechos Humanos en América Latina en relación a la crisis de los rehenes en el Perú fue emitida el 19 de diciembre de 1996 a través de un comunicado de prensa. En este comunicado, condenamos enérgicamente la acción del MRTA como una violación flagrante del derecho internacional humanitario y expresamos nuestra profunda preocupación por la vida y la seguridad de los rehenes.

Como iglesias, creemos que la defensa de la vida tiene primacía sobre todos los intereses políticos y estratégicos. Por ello, sin obviar la complejidad de la situación, en nuestro comunicado del 19 de diciembre así como a lo largo de estos penosos cuatro meses, hicimos un llamado reiterado tanto al MRTA como al Gobierno del Perú a fin de que se opte por el diálogo y se busque una solución pacífica a este crisis para evitar la pérdida de vidas humanas. Esta posición fue expresada en varias cartas dirigidas a las autoridades de Canadá y Perú respectivamente, así como también durante una vigilia de oración que nuestro comité organizó por la resolución pacífica de este crisis. Asumiendo esta posición, quisimos respaldar al llamado de los obispos peruanos quienes en su comunicado del 18 de diciembre de 1996, manifiestan:

Si entre los reclamos de los autores de estos hechos que lamentamos y condenamos, hay aspectos que deben ser considerados razonables por la sociedad y por el estado, se tomen las decisiones más convenientes y oportunas. Este sería el caso de una política social que atienda los justos reclamos de los más pobres, lo mismo que la aplicación de una política penitenciaria que conlleve un trato más humano y justo de los detenidos y condenados en las cárceles de nuestro país.

A pesar de que el MRTA y el Gobierno del Perú mostraron signos de intransigencia, sin embargo no estamos convencidos que se hayan agotado todos los esfuerzos para alcanzar una salida pacífica. Es así que de acuerdo a un informe de la Corporación Canadiense de Radiodifusión (CBC), la noche anterior a la intervención militar, nuestro embajador Anthony Vincent, miembro de la Comisión de Garantes, había manifestado que se encontraba sumamente optimista sobre la posibilidad de una salida pacífica. Inclusive el día de la operación militar, El Presidente Fujimori reveló que el MRTA había reducido su exigencia a la liberación de veinte de sus miembros (en vez de los 400 de su demanda inicial). Aunque no nos corresponde opinar sobre lo que constituiría una solución negociada aceptable, es claro que se había logrado cierto progreso.

Como señalamos anteriormente, la toma de rehenes por parte del MRTA representa una violación grave de los Convenios de Ginebra (artículo 3) por la cual el MRTA tiene que responder. Sin embargo, los mismos Convenios de Ginebra prohiben la ejecución sumaria de personas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa. Asimismo, prohiben los atentados contra la vida y la integridad corporal" incluido "las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. Es a partir entonces de estos mismos principios del derecho internacional humanitario que reiteramos nuestra preocupación por el hecho de que ninguno de los miembros del MRTA haya sido tomado prisionero y que todos murieran.

Desde la publicación de nuestro comunicado del 23 de abril, nos encontramos profundamente preocupados por los informes de algunos ex-rehenes quienes afirman que al menos 3 miembros del MRTA fueron ejecutados después de haber sido capturados con vida. Según sus declaraciones, un miembro del MRTA fue capturado vivo y esposado y escucharon a 2 mujeres jóvenes, miembras del MRTA gritar nos rendimos antes de que fueran ultimadas. Nos causa profunda conmoción los reportes posteriores que señalan que algunos miembros del MRTA fueron decapitados y mutilados. Creemos que estos informes sumados al hecho preocupante de que los cadáveres de los miembros del MRTA no fueron entregados a sus familiares, sino que fueron inhumados en forma inmediata durante la noche en tumbas no identificadas, antes de que la autopsia médica se lleve a cabo, son suficientes razones que ameritan una investigación imparcial.

ICCHRLA comparte el gran alivio de los ex-rehenes y sus familiares por el termino de los meses prolongados de cautiverio. Al mismo tiempo, lamentamos la muerte de las 17 personas. Hacemos expreso nuestra solidaridad con los familiares de todos aquellos cuyas vidas se perdieron durante este infausto incidente.

Reiteramos nuestra posición que mientras la crisis inmediata de los rehenes ha llegado a su fin, las raíces de la violencia en el Perú siguen vigentes. Es importante que el Gobierno del Perú enfrente las profundas desigualdades sociales que afectan a la mayoría de los peruanos y la cual ha alimentando a los movimientos insurgentes. Como Iglesias Canadienses estamos comprometidas en la defensa de los derechos humanos y la justicia social tanto en nuestro propio país como internacionalmente. Reconocemos los impactos negativos que otros actores -- en particular las instituciones financieras internacionales -- han causado en la limitación de la capacidad de los gobiernos para promover los derechos sociales, económicos y culturales. Nosotros continuaremos llamando la atención de nuestro gobierno y de los organismos internacionales pertinentes acerca del impacto negativo de estas políticas e instar por aquellas que aseguren una distribución más justa de la riqueza en el mundo.

Asimismo, reiteramos nuestra preocupación respecto a la necesidad de solucionar otros temas fundamentales concernientes a la violación de los derechos humanos, los cuales han sido denunciados reiteradamente por las iglesias y organismos de derechos humanos tanto peruanas como internacionales. Estos incluyen las condiciones carcelarias, el sistema de los jueces sin rostro y las continuas denuncias de torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas (de las cuales las Naciones Unidas ha documentado más de 800 casos durante el gobierno del Presidente Fujumori) cometidas impunemente por miembros de las fuerzas de seguridad.

Como iglesias, ofrecemos nuestras oraciones y esperanzas para que el pueblo peruano logre una paz duradera basada en la justicia.

In view of the debate which has been generated around the ending of the hostage crisis in Peru and in response to some of the messages which we have received following the release of our press communiqué of April 23, 1997, the Canadian Inter-Church Committee on Human Rights in Latin America (ICCHRLA) wishes to communicate the following:

The first statement made by the Inter-Church Committee on Human Rights in Latin America with regards to the Peruvian hostage crisis was made in a December 19, 1996 communiqué. In this statement, we strongly condemned the action of the MRTA as a flagrant violation of international humanitarian law and expressed our deep concern for the lives and safety of the hostages.

As churches, we believe that the defense of life should have primacy over all political or strategic concerns. For this reason, and without denying the complexity of the situation, in our December 19 communiqué and throughout the four month ordeal we repeatedly called on the MRTA and the Peruvian government to engage in dialogue and to search for a peaceful solution so as to avoid the loss of human lives. This position was expressed in various letters to the Peruvian and Canadian authorities as well as during a prayer vigil our committee held for a peaceful resolution to the hostage crisis. In adopting this position, we wished to lend our support to the call of the Peruvian Conference of Bishops who, in a December 18, 1996 communiqué, stated:

If among the demands of the authors of these acts which we lament and condemn, there are aspects which must be considered reasonable by society and the State, then appropriate and fitting decisions should be taken. This would be the case of a social policy which attends to the just demands of the poorest as well as the application of a prison policy which brings about a more just and humane treatment of those who are detained or sentenced in the prisons of our country.

While both the MRTA and the Peruvian government showed signs of intransigence, we are not convinced that every effort to achieve a peaceful resolution had been exhausted. Indeed, according to a report by the Canadian Broadcasting Corporation, the evening prior to the military operation, Ambassador Anthony Vincent, a member of the Commission of Guarantors, stated that he was extremely optimistic about the possibility of a peaceful outcome. The day of the military operation, President Fujimori revealed that the MRTA had lowered its demands to the release of 20 of its members (instead of the 400 prisoners it originally demanded to have freed). While it is not ICCHRLA's role to comment on what would be an acceptable negotiated solution, it is clear that some progress was being made.

As noted above, the taking of hostages by the MRTA represents a serious violation of the Geneva Conventions (Article 3) to which the MRTA must be held accountable. However, the same Geneva Conventions prohibit the summary execution of persons who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention or any other cause. They also prohibit violence to life and person including mutilation, cruel treatment and torture. It is based on these same basic principles of international law therefore that we reiterate our concern that none of the MRTA members were taken prisoner and that all were killed.

Since issuing our April 23 press release, we have been deeply disturbed by reports of former hostages that at least three MRTA members were executed after having been captured alive. According to their statements, one of the MRTA members was captured alive and handcuffed while two young female MRTA members were heard shouting We surrender! before they were killed. We are profoundly distressed over reports that some of the MRTA members were beheaded and mutilated. We believe that these reports, added to the disturbing fact that the bodies of the MRTA members were not returned to their families but, instead, were quickly buried overnight in unmarked graves before autopsies could be carried out, are sufficient reasons to warrant an impartial investigation.

ICCHRLA shares the relief of the former hostages and their family members that the long months of captivity is over. At the same time we lament the death of seventeen people. We express our solidarity with the families of all those whose lives were lost in this tragic incident.

We reiterate our position that while the immediate hostage crisis has been brought to an end, the roots of violence in Peru have not. It is essential that the government of Peru address the deep social inequities which affect the majority of Peruvians and which have continued to fuel insurgent movements. As Canadian churches committed to issues of human rights and social justice in our own country and internationally, we recognize the negative impact which other actors -- in particular international financial institutions -- have had in limiting the capacity of governments to promote social, economic and cultural rights. We will continue to bring to the attention of our government and the relevant international bodies our concerns regarding the negative impact of these policies and press for policies which ensure a more just distribution of the world's wealth.

We also reiterate our concern that other fundamental human rights issues, which have been repeatedly denounced by Peruvian and international church and human rights organizations, need to be addresed. These include the prison conditions, "faceless" justice system, and ongoing reports of torture, extrajudicial executions and forced disappearances by state agents (of which the United Nations has documented more than 800 cases during President Fujimori's government).

As Churches, we offer our hopes and prayers that the people of Peru will achieve a lasting peace based on justice.