El Secretariado ha sido alertado acerca de la presunta desaparición forzada de los Sres. Ignacio GARCIA MUÑIZ, Profesor, presidente del Consejo Comunitario de Abasto de Chilapa, y José PACHECO PINEDA, dirigente indigena campesino, miembro de Organización Independiente de Comunidades Indígenas (OCICI)

1. Informes de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos - FEDEFAM, miembro de la red, indican que el Sr. Ignacio GARCIA MUÑIZ, fue detenido el 20 de junio 1997, en Atlixtac, Estado de Guerrero, por miembros del Ejército Mexicano, aparentemente bajo el pretexto de que se hallaba en posesión de enervantes (kilo y medio de amapola). Al momento de su detención también le decomisaron 58.100.00 $ (pesos), destinados a cubrir los viáticos de miembros de las Brigadas del Sol en el sexto distrito (Brigadas del Sol realiza trabajos de interés social) que él mismo coordina.

FEDEFAM subraya que el Profesor Ignacio GARCIA MUÑIZ es un ciudadano honorable, un luchador social y ha sido dirigente magisterial, síndico del municipio de Apango y actualmente presidente del Consejo Comunitario de Abasto de Chilapa, en una permanente actitud de servicio para los más necesitados.

También observa que su detención se realizó cuando efectuaba actividades en favor de la participación ciudadana en el proceso electoral que culminará el 6 de julio.

2. Informes de fuentes confiables indican que el Sr. José PACHECO PINEDA, fue secuestrado el día viernes 27 de junio de 1997 en Chilapa, Estado de Guerrero, por cuatro individuos armados que viajaban en un automóvil Tsuru color blanco

Aunque los hechos fueron denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante una entrevista de representantes de organizaciones locales con el Secretario general de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado Gómez, éste informó que PACHECO PINEDA no se encuentra detenido en la Procuraduría General de Justicia ni en la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, de acuerdo a los mismos informes, según una nota publicada dos semanas antes por la revista mexicana "Proceso", en un informe de Inteligencia Militar se relaciona a José PACHECO PINEDA con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El Secretariado subraya su preocupación por la vida y la integridad física y psíquica de los Sres. Ignacio GARCIA MUÑIZ y José PACHECO PINEDA. Recuerda, además, que ciertas personas detenidas en el pasado y acusadas por las autoridades policiales por delitos penales han sido absueltas posteriormente (véase entre otros los casos MEX 080896.1, MEX 090896.2 y MEX 220796.2)

Dirigirse a las autoridades de México pidiéndoles :

i.- Adoptar las medidas apropiadas y necesarias para encontrar a los Sres. Ignacio GARCIA MUÑIZ y José PACHECO PINEDA, salvaguar su integridad física y psíquica en toda circunstacia y garantizar su liberación inmediata en caso de hallarse detenidos sin causa judicial válida o, de lo contrario, presentarlos ante un tribunal ordinario que estatuya sobre la causa;

ii. Investigar en forma exhaustiva e imparcial la presunta privación ilegal de libertad de esas personas, así como cualquier otra violación de sus derechos fundamentales, a fin de que los responsables sean identificados, enjuiciados judicialmente y sancionados conforme a la ley;

iii.- Hacer cesar la detención ilegal de personas y garantizar la presentación inmediata de toda persona detenida, cualquiera sea la causa, ante un tribunal competente e imparcial que estatuya sobre la legalidad de la privación de libertad;

v.- Garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país, conforme a la Constitución, las leyes nacionales y las normas internacionales.

en horas de la mañana, se constató que las oficinas de la organización "Equipo Pueblo", ubicadas en Francisco Field Jurado 51, colonia Independencia, Ciudad de México, fueron asaltadas

En distintas comunicaciones la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), organizaciones integrantes de la red SOS-Tortura, han expresado su preocupación ante la persistencia de agresiones en contra de diversas organizaciones.

Según esos informes, el día viernes 13 de junio 1997, en horas de la mañana, se constató que las oficinas de la organización "Equipo Pueblo", ubicadas en Francisco Field Jurado 51, colonia Independencia, Ciudad de México, fueron asaltadas en el transcurso de la noche del jueves 12 de junio.

Según la LIMEDDH, los autores del hecho fracturaron ventanas, puertas y candados, sustrajeron seis computadoras, tres fax modem, tres impresoras y un aparato de fax, así como dinero en efectivo y causaron diversos daños al patrimonio de "Equipo Pueblo", una organización que trabaja desde hace más de tres décadas en México.

En opinión de la CMDPDH aunque puede pensarse, dado el ambiente de inseguridad pública, que ese hecho sea uno de los tantos asaltos que diariamente padecen los ciudadanos, tampoco puede descartarse que el mismo sea parte de la campaña de hostigamiento contra "Equipo Pueblo" y decenas de otras ONG en el país.

Tanto la CMDPDH como la LIMEDDH recuerdan, en efecto, que en fechas recientes se han producido diversos ataques contra organismos no gubernamentales entre los que destacan los sufridos por la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (CONPAZ) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ambas organizaciones advierten, además, de la persistencia de amenazas contra defensores de los derechos humanos en todo el país.

El Secretariado Internacional subraya, por su parte, su grave preocupación ante esos hechos y recuerda que durante los últimos años se han registrado múltiples y graves agresiones contra organizaciones defensoras de los derechos humanos, sus miembros y dirigentes (véase el informe de la OMCT "In the eye of the Storm : Report on gross violation against Human Rights Defenders 1997 ", p. 65 - 80; y los llamados, entre otros, MEX 120597, MEX 130597 y MEX 090697).

Dirigirse a las autoridades de México urgiéndolas a :

i.- Adoptar medidas urgentes y apropiadas para asegurar que las organizaciones no gubernamentales, sus miembros y dirigentes, gocen de las garantías necesarias para la realización de sus actividades en favor de la promoción, el respeto y la defensa de los derechos y libertades fundamentales;

ii.- Investigar en forma exhaustiva e imparcial los hechos aludidos y toda forma de amenaza, hostigamiento o agresión contra esas organizaciones, sus miembros y dirigentes, a fin de que los responsables sean identificados, enjuiciados judicialmente y sancionados conforme a la ley;

iii.- Pronunciarse públicamente en favor del derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos;

iv.- Garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país, conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

La Comision Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), miembro de la red, ha expresado su preocupación ante las acciones de intimidación que han sufrido los miembros de la organización no gubernamental Equipo Pueblo y el reciente secuestro, amenazas de muerte y maltrato físico de que fue objeto el Sr. Victor Manuel Quintana Silveyra, Director adjunto de Equipo Pueblo, asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua y Diputado Federal por el Estado de Chihuahua.

Según los informes, el 18 de junio 1997 aproximadamente a las 4 de la madrugada, en Fragonart No. 29, Col. San Juan Mixcoac, México, D.F., cuatro hombres inidentificados secuestraron el Sr. Victor Manuel Quintana Silveyra en las puertas del edificio donde vive. Los autores del hecho lo introdujeron en un taxi y lo llevaron al Hotel "Nueva Estacion", en la Colonia Guerrero, donde permaneció atado y amordazado durante ocho horas. Durante ese período fue reiteradamente golpeado y amenazado de muerte. Los responsables de esos hechos también lo obligaron a firmar cheques en blanco, algunos de los cuales han sido cobrados, se apropiaron de sus tarjetas de crédito y de su portafolios con documentos de trabajo.

La CMDPDH recuerda que el día 13 de junio de 1997 las oficinas de la organización Equipo Pueblo fueron asaltadas (véase caso MEX 160697, difundido por la OMCT)

Dirigirse a las autoridades de México pidiéndoles :

i.- Adoptar las medidas apropiadas y necesarias para salvaguar la vida e integridad física y psíquica del Sr. Victor Manuel Quintana Silveyra;

ii. Investigar en forma exhaustiva e imparcial los hechos antes aludidos, a fin de que los responsables sean identificados, enjuiciados judicialmente y sancionados conforme a la ley;

iii.- Asegurar que la organización Equipo Pueblo, las demás organizaciones no gubernamentales y sus miembros o dirigentes, gocen de las garantías necesarias para la realización de sus actividades en favor de la promoción, el respeto y la defensa de los derechos y libertades fundamentales;

iv.- Pronunciarse públicamente en favor del derecho y la responsabilidad de los individuos, grupos y órganos de la sociedad de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos;

v.- Garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país, conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

El Secretariado Internacional ha recibido informes sumamente preocupantes, de distintas fuentes, relativos a reiteradas violaciones de derechos humanos en perjuicio de niñas y niños de la calle en México D.F. Hechos cuya responsabilidad se atribuye a miembros de organismos de Seguridad Pública, de la Policía Judicial y de grupos privados de seguridad

Según los informes, los agentes de esos organismos de orden público y de grupos privados de seguridad que operan - incluso en forma conjunta - en la Central Camionera del Norte (estación de autobuses) y las calles adyacentes, son responsables de persistente hostigamiento, agresiones verbales y físicas - incluyendo agresiones sexuales - y presuntas desapariciones forzadas. Hechos que en muchos casos han sido denunciados, sin que hasta ahora se haya sancionado a los responsables.

Entre los hechos más recientes se citan los siguientes :

1.- El 28 de mayo 1997 a las doce de la noche, en Insurgentes Norte, próxima a la Central Camionera del Norte (estación de autobuses), dos agentes de la policía preventiva que se conducían a bordo de una patrulla de seguridad pública detuvieron ilegalmente a la adolescente Nancy (no se ha indicado apellido), de 17 años, a quien habrían golpeado y violado sexualmente en el interior del vehículo.

2.- El 30 de mayo 1997, a las 04:00 horas, en la Central Camionera del Norte (estación de autobuses), agentes de policía auxiliar que se transportaban en la patrulla Nº 01294 detuvieron ilegalmente cuatro adolescentes identificados como : Rebeca, de 14 años, Mónica, de 16 años, Acapulco, de 16 años, y Gari, de 13 años.

Aunque los cuatro fueron liberados poco después, gracias a la intervención de dos conductores de taxi que persiguieron el vehículo policial, durante el trayecto los cuatro menores fueron golpeados y las dos primeras agredidas sexualmente.

3.- El 4 de junio 1997, dos adolescentes identificados como Héctor, de 16 años, y el "Jarocho", de 16 años, fueron apresados por miembros de un grupo privado de seguridad conocido como "caninos". Hasta el día 6 de junio se desconocía el paradero de ambos jóvenes.

Dirigirse a las autoridades de México expresándoles su preocupación por esos hechos e instarlas a:

i. Adoptar las medidas necesarias para encontrar y liberar a los jóvenes presuntamente desaparecidos forzadamente ( Héctor y el "Jarocho") y asegurar el respeto de su integridad física y psíquica;

ii. Dictar las medidas apropiadas para garantizar además el respeto de la integridad física y psíquica de Nancy, Rebeca, Mónica, "Acapulco" y Gari, teniendo particularmente en consideración el riesgo de represalias en su contra;

iii. Investigar en forma imparcial y exhaustiva los hechos aludidos, a fin de identificar los responsables y aplicarles las sanciones civiles, penales y/o administrativas previstas por la ley ;

iv. Ejercer las actuaciones en su poder para hacer cesar toda forma de acoso, amenaza o agresión en contra de niñas, niños y adolescentes que viven y/o trabajan en la calle;

v. Garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en ese país, conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

El Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A.C., miembro de la red, ha expresado su preocupación ante la persistencia de amenazas en contra del Dr. Gerardo GONZÁLEZ FIGUEROA, miembro de la coordinación de CONPAZ, y su familia.

El pasado martes 3 de junio a las 11 :00 P.M., una voz femenina llamó telefónicamente al domicilio de Gerardo González, dirigente de la Coordinación de Organismos No Gubernamentales por la Paz (CONPAZ) diciéndole : "voy a descuartizar a una de tus hijas, a ver qué dicen los de derechos humanos".

Este suceso forma parte de una serie de actos de hostigamiento e intimidación, tales como robos, allanamientos e intentos de incendio (el 7 de octubre 1996, el 4 de noviembre de 1996 y el 9 de febrero 1997) de las oficinas de CONPAZ , lo mismo que secuestros y amenazas telefónicas de muerte contra miembros de la CONPAZ.

El Secretariado Internacional también recuerda, entre otros hechos, que el día 7 de mayo 1997, pocos minutos después de hacerse público un comunicado de la CONPAZ reprobando la expulsión de observadores internacionales en Chiapas, el Dr. GONZÁLEZ FIGUEROA recibió cuatro llamadas telefónicas expresando amenazas de muerte contra él y sus hijas (véase caso MEX 130597).

Anteriormente, entre el 4 y 6 de noviembre 1996, el Sr. Javier LÓPEZ MONTOYA, administrador de CONPAZ, su esposa, Eva LARA y sus dos hijos fueron secuestrados por personas no identificadas. Durante 48 horas de cautiverio los autores de ese hecho torturaron física y psicológicamente al Sr. LÓPEZ MONTOYA, molestaron sexualmente a su esposa, raparon parte del cabello de LÓPEZ MONTOYA y su hija. Todos ellos fueron amenazados de muerte para que no denunciaran los hechos (véase caso MEX 121196).

Ante esa situación se han solicitado medidas caurtelares al gobierno de México por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (el 27 de febrero 1997) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el 5 de noviembre 1996 y el 16 de mayo 1997), a fin de proteger la vida de los miembros de la CONPAZ y para que se investiguen los hechos hasta dar con los responsables. Sin embargo, a pesar de que los hechos también se han denunciado ante el Ministerio Público y se han abierto averiguaciones previas, hasta la fecha no se ha identificado a los responsables de los mismos.

Dirigirse a las autoridades de México expresándoles su preocupación por tales hechos e instarlas a:

i. Adoptar medidas apropiadas o necesarias para garantizar en toda circunstancia el respeto de la integridad física y psíquica del Sr. Gerardo GONZÁLEZ FIGUEROA, su familia y los demás integrantes de la CONPAZ;

ii. Garantizar que los hechos descritos sean investigados en forma rápida e imparcial, a fin de identificar a los responsables, enjuiciarlos judicialmente y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por las leyes vigentes;

iii. Poner término a toda forma de hostigamiento, acoso y actos violencia contra los integrantes de la CONPAZ y toda otra organización involucrada en la promoción y la defensa de los derechos humanos;

iv. Garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en ese país, conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

El Secretariado ha sido alertado por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A.C., miembro de la red, acerca de nuevas detenciones y desapariciones de niños de la calle que viven en las coladeras (desagües / sumideros) cercanas a la Central Camionera del Norte.

El día 10 de de junio 1997, alrededor de las 04:00 horas, cuatro niños únicamente identificados como : Marco Genaro, José Manuel y Juan (todos ellos de 11 años), Fernando, 12 años, y un adolescente identificado como Luis Alberto, de 16 años, miembros de la banda "Los Ponys", fueron detenidos y transferidos a la agencia (Comisaría) Nº 59 del Ministerio Público, por un presunto robo de 80 pesos, una gorra, un cinturón y lesiones.

Posteriormente, a las 16:20 horas del 10 de junio, dos jóvenes conocidos como Abraham y Gerardo, lo mismo que otros dos menores no identificados, fueron detenidos sin causa jutificada. La detención fue efectuada por dos agentes de la Policía Judicial de la Capital conocidos por los seudónimos de "el Canoso" y "la Güera". Hasta el día de ayer se desconocía el paradero de los cuatro detenidos.

Se presume que esos hechos son medidas represivas, motivadas por las recientes denuncias en contra de agentes de policía y miembros de grupos de vigilancia privada, responsables de las agresiones que vienen sufriendo los menores que viven en los desagüaderos cercanos a la Central Camionera del Norte.

En efecto, la detención de los menores citados se produjo después de las denuncias que ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal interpusieron los infantes Mónica, Rebeca, Nancy y Gari, por actos de violación consumada, acoso sexual y golpes que padecieron en poder de agentes de la Policía preventiva de México D.F. (véase caso MEX 100697).

Los informes advierten que entre los denunciantes de esos hechos figuran Luis Alberto, citado en segundo párrafo, y Gerardo, citado en el tercer párrafo, quien además es uno de los menores que ha sido agredido por la policía privada ("Los Caninos") de la Central del Norte y por agentes de la Policía Preventiva del D.F. Por otra parte, el primero de los citados en el tercer párrafo, Abraham, es compañero de Nancy, la adolescente que denunció la violación de que fue víctima.

Dirigirse a las autoridades de México expresándoles su preocupación por esos hechos e instarlas a :

i. Garantizar en toda circunstancia el respeto de la integridad física y psíquica de Marco Genaro, José Manuel, Juan, Luis Alberto, Abraham, Gerardo y los demás menores detenidos, y ordenar su liberación inmediata;

ii. Poner término a toda forma de acoso, amenaza o agresión en contra de niñas, niños y adolescentes que viven y/o trabajan en la calle;

iii. Asegurar que los responsables de esos actos y demás hechos denunciados sean pronta y efectivamente identificados, enjuiciados judicialmente y sancionados penal, civil y/o administratimente conforme a la ley;

iv. Garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en ese país, especialmente los derechos del niño, conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

The Human Rights Centre "Miguel Agustín Pro Juarez" A.C. member of the network, has expressed concern over the persistent threats against Dr. Gerardo GONZALEZ FIGUEROA, of the CONPAZ organisation and members of his family.

On Tuesday June 3rd at 11:30 p.m., what was identified as a woman's voice telephoned the home of Dr. Gerardo GONZALEZ FIGUEROA, leader of the Co-ordinater of Non-Governmental Organisations for Peace (CONPAZ) and said: "I am going to cut one of your daughter to pieces and we shall see what the human rights people will have to say."

This threat is only part of a series of acts harassment and intimidation which have included thefts, break-ins and attempted arson (on October 7th 1996, November 4th 1996 and February 9th 1997) of the premises of the CONPAZ, as well as abductions and telephone death threats made to members of CONPAZ.

The International Secretariat also recalls inter alia that on May 7th 1997 a few minutes after the announcement of a CONPAZ communique condemning the expulsion of international observers in the Chiapas, Dr. Gerardo GONZALEZ FIGUEROA received four telephone calls all threatening to his life and his daughters (see Case MEX 130597).

Between the 4th and 6th of November 1996 Mr Javier LOPEZ MONTOYA. Administrator of the CONPAZ, his wife, Eva LARA and his two children were abducted by unidentified persons. During their 48 hours of captivity, the abductors tortured Mr. LOPEZ MONTOYA both physically and mentally. They sexually molested his wife and shaved off part of the hair of Mr LOPEZ MONTOYA and his daughter. All of them were threatened with death if they reported the acts. (see case MEX 121196).

In the light of these events, the Mexican government was approached by the Inter American Commission for Human Rights (on February 27th 1997) and the National Commission for Human Rights (on November 5th 1996 and May 16th 1997) with a request to take protective measures to safeguard the life of members of the CONPAZ and to investigate the facts and identify those responsible. Despite the fact that the events have been reported to the Public Prosecutor and previous investigations had already begun, up to now those responsible have not been identified.

Write to the Mexican authorities expressing concern over these events and urging them to:

i. Adopt appropriate or urgent measures to guarantee in all circumstances the respect of the physical and psychological integrity Dr. Gerardo GONZALEZ FIGUEROA, his family and other members of the CONPAZ;

ii. Guarantee to carry out a prompt and impartial investigation of the facts described in order to identify those responsible, bring them to trial and apply to them the penal, civil and/or administrative sanctions provided by the laws in force;

iii. Put an end to every form of harassment, persecution and act of violence against the members of CONPAZ and any other organisation involved in the promotion and the defense of human rights;

iv. Guarantee the full respect of human rights and fundamental liberties throughout the country in accordance with national laws and international standards.

The International Secretariat has received information from various sources which give rise to grave concern over persistent violations of the Human rights of street children of both sexes.

Responsibility for these acts appears lies with private security guards, agents of the police force and judicial police. According to the information, these three bodies both public and private operate, often in collusion, in the North Central Bus Station, Mexico City and surrounding area, are responsible for persistent acts of physical and verbal acts of harassment and violence including sexual acts and presumed forced disappearances. Despite the many denunciations, to this day, none of those responsible have been brought to justice.

1. According to the reports, on May 28th 1997 at midnight in Insurgentes Norte, near the North Central Bus Station, Mexico City, two agents of the preventive police in a public security patrol vehicle illegally detained a 17-year old adolescent, Nancy, (surname not given). She was subsequently raped and beaten up inside the vehicle.

2. In addition, on May 30th, 1997 at 04:00 hours at the Central North Bus Station agents of the police of patrol 01294 also illegally arrested four adolescents, two girls and two boys identified solely as: Rebeca, aged 14, Mónica, aged 16, Acapulco (presumed nickname), aged 16, and Gari, aged 13. The adolescents were released following the intervention of 2 taxi drivers who followed the Patrol. However before their release the four were beaten up and the two girls sexually assaulted.

3. On June 4th two adolescents identified as Hector, 16 years old and "Jerecho" also 16, were picked up by members of the private security force known as the "caninos". Since 6 June their whereabouts is unknown.

Write to the Mexican authorities expressing concern at such events and urging them to:

i. Adopt all necessary measures to identify the whereabouts of Hector and Jerecho assure their immediate release, and guarantee their physical and psychological integrity;

ii. Take immediate measures to guarantee in all circumstances the respect of the physical and psychological integrity of the girls Nancy, Rebeca, Gari, Acapulco and Monica and pay particular attention to the risk of reprisals;

iii. Carry out an impartial and thorough investigation of the events described above, identify those responsible and impose upon them the civil, penal and/or administrative sanctions provided by law;

iv. Take all the measures in their power in order to put an end to sexual abuses and acts of violence and harassment on the part of private groups of vigilantes and public security patrols against minors who live and work in the street.

v. Guarantee the full respect of Human rights and fundamental liberties in the country in accordance with national laws and international standards.

Agradeceremos nos informen de las acciones recibidas, indicándonos el código de los llamados correspondientes. Fernando Mejia Director adjunto. Organizacion Mundial Contra la Tortura (OMCT) Organisation Mondial contre la Torture. La OMCT coordina la red SOS-Tortura. Case Postale 119 37-39 rue de Vermont CH-1211 Ginebra 20 CIC Tel.: (+ 41 22) 733 31 40 Fax: (+ 41 22) 733 10 51 E-mail: omct@iprolink.ch

Kindly inform us of any action undertaken quoting the code number of appeals. Ben Schonveld Projects Manager OMCT-SOS-Torture Fax 4122 733 1051 Ph 4122 733 3140 OMCT is: l'Organisation Mondiale contre la Torture The World Organisation Against Torture.