Ginebra - Paris, 3 de noviembre de 1997. Caso COL 002/9711/OBS 017.01. El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, ha recibido nuevos informes relativos a una de las personas por quienes se pidió intervenir ante las autoridades de Colombia.

Breve recordatorio

Mediante el llamado COL 002 / 9711 / OBS 017 el Observatorio expresó su preocupación por la seguridad y la vida de los abogados Alirio Uribe Muñoz, Rafael Barrios Mendivil y Miguel Puerto Barrera, miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización afiliada a la OMCT y a la FIDH, quienes desde hace varios meses padecen amenazas y hostigamientos.

Alirio Uribe Muñoz, Presidente del Colectivo de Abogados y la organización han sido acusados de hacer parte de una red de apoyo a la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional (movimiento guerrillero). Acusaciones vertidas en un informe que la XIII Brigada del Ejército entregó a la Fiscalía Regional de Bogotá. Miguel Puerto Barrera, representante legal de víctimas o familiares de éstas, fue informado, el 22 de septiembre 1997, que la XVIII Brigada del Ejército, con sede en el departamento de Arauca, le declaró objetivo militar;. Rafael Barrios Mendivil, representante legal - desde junio 1992 - de familiares y sobrevivientes de la masacre de Caloto (20 indígenas ejecutados), perpetrada en diciembre 1991 en la hacienda el Nilo;, departamento de Cauca, por paramilitares y miembros de la Policía Nacional al servicio de narcotraficantes, también ha sido objeto de constantes seguimientos, hostigamientos y amenazas.

En el llamado COL 002 / 9711 / OBS 017 también se informó que desde el 16 de septiembre 1997 se desconocía el paradero de Carlos Enrique Diaz Hernández, miembro del Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

Nuevas informaciones

El Observatorio ha sido informado de que el Sr. Carlos Enrique Diaz Hernández reapareció con vida, el día 29 de octubre. En declaraciones públicas expresó que se había ocultado voluntariamente, motivado por el temor que le provocara el hostigamiento que ejercieran individuos desconocidos.

Observaciones

Para el Observatorio el ocultamiento voluntario de Carlos Enrique Diaz Hernández resulta comprensible, además de constituir un hecho revelador del clima de incertidumbre y temor que padecen los defensores de los derechos humanos en Colombia.

En consecuencia el Observatorio estima de suma importancia proseguir las acciones ante las autoridades de Colombia pidiéndoles :

i. adoptar inmediatamente medidas eficaces para garantizar la seguridad y libertad de Alirio Uribe Muñoz, Rafael Barrios Mendivil, Miguel Puerto Barrera, así como de los demás defensores de los derechos humanos;

ii. dictar en forma urgente las medidas apropiadas para garantizar a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y sus miembros, las condiciones necesarias para la libre realización de sus actividades en favor de la promoción y la defensa de los derechos y libertades fundamentales:

iii. conformar sus acciones, de modo general, a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por Colombia.

Direcciones/addresses/adresses

Presidente de la República de Colombia. Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. Procurador General de la Nacion. Fiscal General de la Nacion.Defensor del Pueblo. Ministro del Interior. Otros

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

Este mensaje se edita en español mediante un acuerdo de colaboración entre la OMCT y el Equipo Nizkor, la edición html y la difusión es una contribución gratuita de Tlahui.

Hostigamiento y desaparición de defensores de derechos humanos

Ginebra - Paris, 17 de octubre de 1997. Caso COL 002/9711/OBS 017. El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, solicita su intervención URGENTE en relación a la siguiente situación en Colombia.

Breve descripción

El Observatorio está sumamente preocupado por la seguridad y la vida de los abogados Alirio Uribe Muñoz, Rafael Barrios Mendivil y Miguel Puerto Barrera, miembros de la Corporación Colectivo de Abogados; José Alvear Restrepo y Carlos Enrique Diaz Hernández, miembro del Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

1.- Los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados; José Alvear Restrepo;, organización afiliada a la FIDH y a la OMCT, sufren de constantes amenazas y hostigamientos desde hace varios meses. Así, el Dr. Alirio Uribe Muñoz, Presidente del Colectivo de Abogados; José Alvear Restrepo; y su organización han sido acusados de formar parte de una red de apoyo a la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional (movimiento guerrillero) en un informe entregado a la Fiscalía Regional de Bogotá por la XIIIa Brigada del Ejército.

Según lo enunciado en el informe de la XIIIa brigada , el Presidente del Colectivo; viene realizando una campaña para que los bandoleros recluidos sean actualmente declarados presos políticos;. Este tipo de acusaciones formuladas en su contra suele formar parte de una estrategia por parte de las fuerzas armadas para intentar criminalizar la actividad de abogado y defensor de los derechos humanos y para señalar a defensores de los derechos humanos como objetivos potenciales para los grupos paramilitares o la propia fuerza pública en acciones encubiertas.

Por otra parte, ha sido también amenazado otro integrante de esta organización, el abogado Miguel Puerto Barrera. El 15 de agosto de 1997 formó parte de una Comisión Interinstitucional para esclarecer graves violaciones a los derechos humanos en el departamento de Arauca, y asumió la representación de varias víctimas o sus familias en sus reclamos de justicia. El 22 de septiembre de 1997, una de las familias que representaba, fue informada por un miembro de la Fuerza Pública de que había sido declarado; objetivo militar; por parte de la Brigada XVIII del Ejército, en la región.

Es de notar también que el Dr. Rafael Barrios Mendivil, que desde junio de 1992 representa a familiares y sobrevivientes del caso Caloto (masacre de 20 indígenas en diciembre de 1991, en el departamento de Cauca en la hacienda; el Nilo, perpetrado por paramilitares y miembros de la Policía Nacional al servicio de narcotraficantes) también ha sido objeto de constantes seguimientos, hostigamientos y amenazas. El 20 de agosto de 1997, en el aeropuerto de la ciudad de Popayán, el Dr. Rafael Barrios fue abordado por una persona que le anunció un mensaje de; limpieza; para la comunidad del Nilo, para miembros de la Corporación Nasa Kiwi y para el propio abogado. Esta misma persona lo siguió en el avión hasta la ciudad de Bogotá. El 12 de septiembre de 1997, el Comandante de Policía del Departamento del Cauca confirmó la presencia de una escuadra de paramilitares fuertemente armados y vistiendo prendas del Ejército Nacional, en la zona de la Hacienda; el Nilo.

2.- El 19 de abril de 1997, Carlos Enrique Diaz Hernandez, estudiante en la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Comité Estudiantil de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, fue abordado por dos personas que se identificaron como agentes del B2 (cuerpo de los servicios de inteligencia del Ejército), quienes le interrogaron acerca de su actividad y de la del Comité Estudiantil de Derechos Humanos. Posteriormente, Carlos Enrique Diaz Hernández y demás miembros de dicho Comité han sido víctimas de hostigamiento. Situación que el Comité denunció públicamente y ante las autoridades competentes, el 25 de abril de 1997. A pesar de eso, ha continuado el hostigamiento. El 16 de septiembre de 1997, Carlos Enrique Diaz Hernández fue visto por última vez por sus compañeros del Comité y por sus familiares. Hasta ahora no se sabe nada de su paradero.

El Observatorio considera que estos hechos constituyen un grave atentado del derecho a la libertad de actuación y a la seguridad de las personas implicadas en la defensa de los derechos humanos. Acciones solicitadas Dirigirse a las autoridades de Colombia pidiéndoles:

i.- adoptar inmediatamente todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física de todos los defensores de los derechos humanos en Colombia y, en particular, del Dr. Alirio Uribe Muñoz, el Dr. Rafael Barrios Mendivil y el Dr. Miguel Puerto Barrera;

ii.- asegurar que los hechos indicados sean investigados a fin de identificar a los responsables de las amenazas en contra de los miembros del Colectivo de Abogados y del Comité Estudiantil de Derechos Humanos;

iii.- iniciar una investigación sobre la presunta desaparición forzada de Carlos Enrique Diaz Hernández, a fin de determinar su paradero y, en caso de hallarse detenido ilegalmente o sin cargos judiciales válidos, ordenar su liberación inmediata;

iv.- dictar en forma urgente las medidas apropiadas para garantizar a las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y sus miembros, las condiciones necesarias para la libre realización de sus actividades en favor de la promoción y la defensa de los derechos y libertades fundamentales;

v.- conformar sus acciones, de modo general, a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por Colombia.

Direcciones/addresses/adresses

Presidente de la República de Colombia. Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. Procurador General de la Nacion. Fiscal General de la Nacion.Defensor del Pueblo. Ministro del Interior. Otros

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

Este mensaje se edita en español mediante un acuerdo de colaboración entre la OMCT y el Equipo Nizkor, la edición html y la difusión es una contribución gratuita de Tlahui.

Preocupación por la seguridad de la Sra. Glen González

Ginebra - Paris, 8 de diciembre de 1997. Caso COL 003/9712/OBS 022. El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, solicita su intervención urgente en relación a la siguiente situación en Colombia.

Breve descripción

El Observatorio está gravemente preocupado por la seguridad personal de la Sra. Glen González, presidenta de la organización Corporación Sueños de Mujer, y otras personas de la misma organización, en Apartadó, Urabá. Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme (Trabajar Juntos por los Derechos Humanos) ha informado, en base a informaciones de FEDES (Fundación Educación y Desarrollo), que el dia 25 de noviembre de 1997, en la ciudad de Apartadó, miembros de un grupo paramilitar provistos de armas de fuego, irrumpieron violentamente en la residencia de la señora Glen González, con el proposito de asesinarla, quien por fortuna no se encontraba en el lugar.

Posteriormente procedieron a buscarla sin éxito en las casas de sus familiares, expresando su intención de asesinarla por orden expresa de sus jefes , porque supuestamente la Sra. González habia viajado a Bogotá en posesión de fotografías para hacer denuncias sobre la situación en Urabá. Antes de marcharse el grupo armado exhibió una lista de mujeres a quienes se proponen ejecutar.

Mientras esto ocurría la Sra. González viajaba de Bogotá a Medellin para participar en el Cabildo Nacional de Mujeres por la Paz, realizado el 24 de noviembre, en el que también participaron unas cincuenta mujeres de Urabá. Los informes advierten que las supuestas denuncias a la Sra. González no se efectuaron, aunque si existen fotografías de casas de antiguos miembros de la Junta de Accion Comunal, destruidas por paramilitares, que serían a ser utilizadas en una publicacion de historias de vida de mujeres de Uraba.

Se recuerda, además, que en varias ocasiones elementos paramilitares han intentado dar muerte a la Sra. González y a quienes trabajan con ella. Dos miembros de la Junta de Acción Comunal ha sido asesinados y varias de sus compañeras en la Corporación Sueños de Mujer han debido abandonar la región.

Acciones solicitadas

Dirigirse a las autoridades de Colombia instándolas a:

i.- dictar las medidas apropiadas para salvaguardar la vida e integridad personal de la Sra. Glen González y demás integrantes de la Corporación Sueños de Mujer y de la Junta de Accion Comunal;

ii.- garantizar a las organizaciones no gubernamenteales de defensa de los derechos humanos, y sus miembros, las condiciones necesarias para la libre realización de sus actividades en la promoción y defensa de los derechos y libertades fundamentales;

iii.- poner témino a las actuaciones de grupos paramilitares y asegurar el desarme de los mismos, así como la persecución judicial y aplicación de sanciones penales y civiles a los responsables de violaciones de los derechos humanos;

iv. conformar sus actuaciones, de modo general, a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por Colombia.

Direcciones/addresses/adresses

Presidente de la República de Colombia. Consejera Presidencial para los Derechos Humanos. Procurador General de la Nacion. Fiscal General de la Nacion. Defensor del Pueblo. Ministro del Interior. Otros. Autoridades Políticas y Militares de Santafé de Bogotá.

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

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Intento de asesinato a de tres niños de la calle

Ginebra, 7 de enero de 1998. Caso HND 070198. El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, solicita su intervención urgente en relación a la siguiente situación en Honduras.

Breve descripción

El Secretariado Internacional ha sido informado por fuentes fidedignas de la grave preocupación motivada por el intento de asesinato de tres niños de la calle el día 25 de diciembre de 1997 aproximadamente a las 02:00 am.: Sandra Yamilet González (de 16 años); Olman Francisco Olivar (16) y Fany Cerrato (16), cuando se hallaban reunidos en la esquina de la Avda. Morelos con la Avda. Cervantes, en Tegucigalpa.

Los informes manifiestan que una camioneta azul se detuvo frente a los niños, un hombre salió de la misma y sacó un revólver con el que empezó a disparar a los niños. Sandra Yamilet González resultó seriamente herida en la pierna derecha. Olman Francisco Olivar resultó herido en el hombro derecho. Una tercera bala que estuvo a punto de impactar a Fany Cerrato. Acto seguido, el hombre entró en la camioneta y huyó.

Según los niños, el hombre no dijo palabra alguna. Se limitó a dispararles y huir. Los niños describieron al hombre como blanco, de estatura media, de abdomen prominente y ojos castaños. Vestía camisa blanca y pantalones marrones. Parece ser que le acompañaba otra persona que permaneció dentro de la camioneta. Fany Cerrato corrió a la oficina de Casa Alianza (a 20 yardas del lugar), pidiendo ayuda a gritos. Inmediatamente el guarda llamó a la ambulancia. Los dos niños heridos fueron conducidos al Hospital Escuela -un hospital público- pero a causa de las festividades de fin de año los servicios de atención eran muy deficientes.

Ambos niños fueron operados. Debido a la inadecuada atención, el 26 de diciembre, el personal de Casa Alianza decidió trasladarles a las instalaciones de Casa Alianza donde están siendo atendidos por el personal de la agencia. El estado de salud de Sandra Yamilet González sigue siendo precario y tal vez sea trasladada a una clínica privada. Olman Francisco Olivar mejora. Fany Cerrato también se encuentra actualmente en Casa Alianza.

El personal de la Oficina de la Asesoría Jurídica de Casa Alianza preparó un informe para el Departamento de Investigación Criminal, siendo la demanda clasificada como Intento de Asesinato, con número de expediente DO4692-97. Se les informó que debido al período de vacaciones la investigación sería postergada. Ambos niños fueron llevados ante un médico forense para ser sometidos a un examen en regla.

Acciones solicitadas

Dirigirse a las autoridades de Honduras instándolas a:

i.- garantizar la integridad física y psicológica de Sandra Yamilet González, Olman Francisco Olivar y Fany Cerrato, así como de todos los niños de la calle;

ii.- asegurar que se realice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos, a fin de identificar a los responsables, enjuiciarles y aplicarles las sanciones penales y civiles previstas por la ley;

iii.- asegurar en toda circunstancia el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales conforme a la legislación nacional y las normas internacionales.

Direcciones/addresses/adresses

Dirigirse al Presidente de la República de Honduras y a las otras autoridades involucradas.

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

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Detención arbitraria de defensores de derechos humanos

Lima, Perú, a 12 de diciembre de 1997. En Lima, entre los días 18 y 21 de noviembre fueron detenidos (en forma arbitraria, ilegal e injusta), por agentes de la DINCOTE (Dirección Nacional Contra el Terrorismo), cuatro abogados : Ernesto Messa, Carlos Gamero Quispe, Luis Ramón Landaure y Teodoro Bendezú; ellos se encuentran aislados en indignantes condiciones.

Durante muchos años estos abogados han asumido la defensa de presos políticos, así como de barrios y barriadas, de sindicatos y trabajadores, de familiares de detenidos-desaparecidos, de familiares de presos políticos frente a los genocidios perpetrados por el estado peruano en las cárceles de máxima seguridad, han denunciado en más de una ocasión las infrahumanas condiciones a las que son sometidos dentro de su plan de aislamiento y aniquilamiento sistemático, han defendido a otros colegas que también han pasado a ser presos políticos.

Como defensores de los derechos humanos, los ha llevado en más de una ocasión a que el Estado Peruano los persiga, los acose con vigilancia y seguimiento, han incursionado en sus oficinas y domicilios haciendo destrucción y pillaje de sus documentos de trabajo, han sido objeto de agresiones físicas, de intentos de secuestro, de detenciones; con un claro afán de intimidarlos, de impedirles que sigan asumiendo la defensa de los derechos del pueblo Carlos Gamero y Ernesto Messa han sido miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad Mayor de San Marcos, así como destacados miembros del Colegio de Abogados de Lima; Luis Ramón Landaure ha trabajado en forma asociada casos con APRODEH y con el Reverendo Hubert Lansier (miembro de la Comisión Ad Hoc Ley 26655) sobre la situación de los niños presos políticos en Perú; Teodoro Bendezú asumió la Defensa de Barrios y Barriadas así como de Presas Políticas de las cárceles de máxima seguridad.

El Colegio de Abogados de Lima ha denunciado esta detención ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, así como ante la opinión pública, como parte del fichaje y persecución por parte de la DINCOTE y del Estado Peruano de todos los abogados que han asumido los casos de acusados por terrorismo, existiendo una lista de aproximadamente 200 abogados objetos de esta persecución. Esta situación es una muestra más de la violación de los derechos y principios básicos que ha reconocido el Perú dentro de sus leyes internas como en Pactos Internacionales (derecho de defensa, libre ejercicio profesional, independencia judicial, libertad individual, entre otros).

Por ello les pedimos que envíen cartas de solidaridad a las autoridades peruanas exigiendo la inmediata e irrestricta libertad de los abogados antes nombrados, en apoyo a las acciones que viene asumiendo el Colegio de Abogados de Lima.

Direcciones/addresses/adresses

Colegio de Bogados de Lima. Comisión de Derechos Humanos del Congreso.Comisión Ad Hoc Ley 26655

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

Este mensaje se edita en español mediante un acuerdo de colaboración entre la OMCT y el Equipo Nizkor, la edición html y la difusión es una contribución gratuita de Tlahui.

Arbitrary stopped of humand rights defenders

Lima, Perú. Fri. 12 Dec. 1997. In Lima, between the days 18 21 of November was stopped (in arbitrary, illegal and unjust form), for agents of the DINCOTE ( National Office Against the Terrorism), four lawyers: Ernesto Messa, Carlos Gamero Quispe, Luis Ramón Landaure and Teodoro Bendezú; they are isolated in revolting conditions. These lawyers for many years have assumed the defense of political prisoners, as well as of shanty-towns, of unions and workers, of relatives of detainee-disappearances, of relatives of political prisoners in front of the genocides perpetrated by the Peruvian state in the jails of maxim security, they have denounced the inhuman in more than an occasion you condition to which they are subjected inside their plan of isolation and systematic annihilation, they have defended to other colleagues that they have also become political prisoners.

Those facts have taken them in more than an occasion to that the Peruvian State pursues them, too harass with surveillance and pursuit, there is intrudes on their offices and homes making destruction and pillage of their documents of work, they have been the object of physical aggressions, of intents of kidnapping, of detentions; with a clear desire of intimidating them, of impeding them that they continue assuming the defense of the rights of the town Carlos Gamero and Ernesto Messa have been members of the Commission of human rights of the greater University of San Marcos, as well as outstanding members of the School of Pleading from Lima; Luis Ramón Landaure has worked in form associate cases with APRODEH and with the

Reverend Hubert Lansier (member of the Commission Ad Hoc Law 26655) on the situation of the children political prisoners in Peru; Teodoro Bendezú assumed the Defense of shanty-towns as well as of Political Preys of the jails of maxim security.

El Colegio de abogados de Lima it have denounced this detention in the face of the Commission of human rights of the Congress, as well as in the face of the public opinion, how part of the -fichaje- index card and persecution on the part of the DINCOTE and of the Peruvian State of all the lawyers that they have assumed the cases of accusing by terrorism,

existing a list of approximately 200 lawyers objects of this persecution. This situation is a sample more than the violation of the rights and basic principles that it have recognized the Peru inside their internal laws like in International Pacts (right of defense, free professional exercise, judicial independence, individual freedom, between another).

We for this requested them that they send letters of solidarity to the Peruvian authorities demanding the immediate and unconditional liberate of the lawyers before noted, in support to the actions that comes assuming the Colegio de Abogados de Lima.

Direcciones/addresses/adresses

Colegio de Bogados de Lima. Commission of human rights of the Congress. Commission Ad Hoc Law 26655

Detención arbitraria de la Sra. Marina Janampa Vallejos

Ginebra - Paris, 3 de diciembre de 1997. Caso PER 002/9712/OBS 021. El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, solicita su intervención urgente en relación a la siguiente situación en Perú.

Breve descripción de la situación

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, miembro de la OMCT y la FIDH, ha informado el Observatorio acerca de la detención de la Sra. Marina Janampa Vallejos, Secretaria Nacional de Organización de la Mujer Campesina de la Confederación Campesina del Perú (CCP) e integrante de la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Angaraes. Fue detenida el 18 de noviembre de 1997 por agentes de la Policía Nacional, en su domicilio en la Comunidad Campesina de Uchcupampa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes, departamento de Huancavelica. Ese mismo día, por la tarde, fue trasladada al Departamento Contra el Terrorismo (DECOTE) de la Policía Nacional, donde permanece detenida, acusada por supuesto delito de terrorismo.

Al ser detenida le fueron incautados documentos del VIII Congreso de la CCP, revistas sobre temas agrarios, manuscritos sobre los talleres campesinos en los que había participado. Además le incautaron manuscritos que correspondían a textos elaborados por Sendero Luminoso. La Sra. Marina Janampa Vallejos ha reconocido que los manuscritos eran suyos y que los redactó bajo coacción y amenaza de integrantes de Sendero Luminoso, entre ellos Jesús Yuari, residente de su comunidad y muerto hace algún tiempo en un enfrentamiento. Ha afirmado que en 1991 los senderistas se presentaron a su casa y le obligaban a redactar documentos indicándole que volverían para tomarle examen y que si no colabaraba y participaba verían lo que iban a hacer.

APRODEH nota que el departamento de Huancavelica es una zona declarada en Estado de Emergencia, bajo control de fuerzas militares, razón por la cual la Sra. Janampa Vallejos no denunció las amenazas, pues no tenía garantías para hacerlo dado que muchas personas que denunciaban un ataque de Sendero Luminoso terminaban siendo procesadas por delito de terrorismo. En su declaración ante la policía, el 25 de noviembre, efectuada en presencia de un abogado nombrado por APRODEH, la Sra. Janampa Vallejos admitió que los manuscritos eran suyos, que los redactó bajo amenaza y negó haber pertenecido a Sendero Luminoso, afirmando que jamás pertenecería. Sin embargo, el Fiscal Provincial de Huancavelica ha informado que es del parecer de que la Sra. Janampa Vallejos sea procesada judicialmente, lo que significa que procederá a formalizar denuncia penal en su contra.

APRODEH subraya que conforme a la ley penal sólo los actos voluntarios o dolosos constituyen delito y la conductas realizadas bajo amenaza y coacción estan exentos de responsabilidad, siendo ese el caso de la Sra. Marina Janampa Vallejos, quien no ha cometido delito alguno, sino que por el contrario, ha sido víctima de los grupos armados, por lo que debe ser puesta en libertad.

Acciones solicitadas Dirigirse a las autoridades de Perú pidiéndoles:

i.- garantizar en toda circunstancia el respeto de la integridad física y psíquica de la Sra. Marina Janampa Vallejos

ii.- asegurar que su caso sea examinado y resuelto sin demora, con la plena garantía de los derechos procesales y conforme al ordenamiento penal vigente.

iii.- conformar sus actuaciones, de modo general, a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por Perú.

Direcciones/addresses/adresses

Ministro del Interior. Ministro de Justicia. Fiscal de la Nación. Director de la Policía Nacional. Otros

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

Este mensaje se edita en español mediante un acuerdo de colaboración entre la OMCT y el Equipo Nizkor, la edición html y la difusión es una contribución gratuita de Tlahui.

Detention of Marina Janampa Vallejos

Geneva - Paris, 3rd of December 1997. PER 002 / 9712 / OBS 021. The Observatory for the protection of Human Riaghts Defenders, a joint programme of the FIDH and the OMCT, requests your urgent intervention in the following situation in Peru.

Brief description of the situation

The Association for Human Rights, APRODEH, a member of OMCT and FIDH, has informed the Observatory of the detention of Marina Janampa Vallejos, National Secretary of the peasant women's section of the Peasant Confederation of Peru (CCP) which is part of the Provincial Federation of the Peasant Communities of Angaraes. She was detained on November 18th 1997 by agents of the National Police at her home in the Peasant Community of Uchcupampa, district of Lircay, province of Angaraes, department of Huancavelica.

The same afternoon, she was transferred to the Department Against Terrorism (DECOTE) of the National Police, where she continues to be detained, accused of alleged acts of terrorism. When detaining her the Police confiscated documents relating to the VIII Congress of the CCP, reviews on agricultural matters, manuscripts concerning the peasant workshops in which she had participated. They also confiscated manuscripts corresponding to texts drafted by the Shining Path. Ms Janampa Vallejos admitted that the manuscripts were hers and that she had drafted them under the compulsion and threats of members of the Shining Path, who included Jesus Yuari, a resident of her community who had died during a confrontation. She maintained that in 1991 members of the Shining Path came to her home and forced her to draft certain documents, saying that they would come back to examine her and that if she did not cooperate and failed to participate they would see what they would do.

The APRODEH notes that the department of Huancavelica has been declared a zone under a state of emergency, under the control of military forces, and that was the reason why Ms Janampa Vallejos had not reported the threats. Many persons who reported an attack by the Shining Path ended up being tried for terrorism. In her declaration to the police, made on November 25th in the presence of a lawyer appointed by the APRODEH, Ms Janampa Vallejos admitted that the manuscripts were hers, that she had drafted them under threat and denied having ever belonged to the Shining Path and maintained that she would never belong to it. Nevertheless the Provincial Prosecutor of Huancavelia stated that it would appear that Sra. Janampa Vallejos would be tried, meaning that he would proffer criminal charges against her.

APRODEH stresses that according to penal law only voluntary or fraudulent acts constitute a crime and that actions carried out under threat and coercion entail no responsibility. Marina Janampa Vallejos who has committed no crime whatsoever, but on the contrary has been a victim of armed groups and should consequently be released.

Action requested

Write to the Peruvian authorities urging them to:

i.- guarantee in all circumstances the physical and psychic integrity of Sra. Marina Janampa Vallejos;

ii.- ensure that her case is examined and resolved without delay, with full guarantee of her procedural rights and in accordance with the penal procedure in force;

iii.- in general, act in accordance with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights and the int ernational Pacts and Covenants ratified by Peru.

Direcciones/addresses/adresses

Ministro del Interior. Ministro de Justicia. Fiscal de la Nación. Director de la Policía Nacional. Otros

Kindly inform the Observatory of any action undertaken quot ing the code number of this appeal in your reply.

Judicial persecution of former magistrates and of a woman judge

Geneva - Paris, September 1st 1997. PER 001 / 9709 / OBS 008. The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders,a joint programme of the FIDH and the OMCT requests your urgent intervention in connection with the following situation in Perú.

Brief description of the situation

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders is gravely concerned over the persistent attacks against human rights defenders, especially the judicial persecution of magistrates and judges.

The Association for Human Rights (APRODEH). a member of the OMCT and the FIDH, has informed the Observatory that the Special Chamber of the Supreme Court of Justice of Perú has authorized the Executive Committee of the Public Prosecutor's Office to lodge a penal charge of breach of trust against the following lawyers: Sergio Sala Villalobos, Elizabeth Roxana Mac Rae Thays and Juan Cancio Castillo Vasquez, ex-Magistrates of the Higher Chamber specializing in Public Law and in charge of hearing habeas corpus and appeal cases. The charge of breach of trust, which carries a sentence of 3 to 5 years' imprisonment according to art. 418 of the Penal Code is based on the fact that the Higher Chamber Specialized in Public Law where the above-mentioned magistrates sat, found in favour of the various habeas corpus actions brought on behalf of persons affected by military law.

Among these cases are those of General Rodolfo Robles, Capitan Gustavo Cesti and Dr. José Castro Mora, a lawyer who was being prevented from communicating with one of the persons he was defending. The three magistrates were removed from office by decision of the Constitutional and Social Chamber of the Supreme Court by means of Administrative Resolution no., 001-97-SC and S:CSJ. taken on 26th of June. The file on the case is in the hands of the Executive Committee of the Public Prosecutor's Office under the authority of Judge Dr. Blanca Nelida Colan Maguiña, whose terms of reference were extended by a special amendment to the law adopted by Congress. The judge in question had recently declared at a press conference that the Prosecutor and Judge who had heard the case of the killing in Barrios Altos had been guilty of a breach of trust in deciding that the law of amnesty was not applicable to that case.

The facts stated above lead us to believe that there is a definite and imminent threat to the individual liberty of Drs. Sergio Sala Villalobos, Elizabeth Roxana Mac Rae Thays and Juan Cancio Castillo Vasquez, arising from their impartial and independent attitude while exercising their judicial functions. This threat is a negative precedent in the hearing of habeas corpus cases and of appeals since the magistrates would have reason to fear granting the petitions before them.

The Observatory notes with utmost concern that this situation coincides with the case of Dr. Elba Greta Minaya Calle, judge of the 37th Penal Court of Lima who had been charged with various crimes including terrorism, after she had granted a habeas corpus suit. The authorities subsequently abandoned the charges in view of the national and international pressure and decided to present subsequently a complaint before the Control Body of the Order of Masgistrates and deciding on what other action they should take against that judge. The

Observatory considers that these facts are a violation of the provisions of international standards relating to the independence and impartiality of the judicial power and threaten the authority of the judicial, which the State is required by the Human Rights Committee of the UN to restore.

Action requested

Write to the authorities of Perú protesting against these facts and urging them to:

i.- abandon all judicial or administrative persecution of the following lawyers Sergio Sala Villalobos, Elizabeth Roxana Mac Rae Thays and Juan Cancio Castillo Vasquez, as also of judge Elba Greta Minaya Calle, on the grounds of their actions in carrying out their judicial duties.

ii.- adopt all necessary measures in order to guarantee the freedom and personsal safety of Sergio Sala Villalobos, Elizabeth Roxana Mac Rae Thays and Juan Cancio Castillo Vasquez, as well as of judge Elba Greta Minaya Calle;

iii.- guarantee the full respect of the freedom of human rights defenders as well as the free exercise of their professional activities by judges, magistrates and lawyers in order to ensure independence and impartiality in the dispensings of justice; iv. ensure the effective respect of human rights and fundamental liberties in accordance with national legislation and international standards.

Direcciones/addresses/adresses

Presidente de la República del Perú. Presidente de la Corte Suprema. Fiscal de la Nación. Presidente de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. Presidente del Consejo Supremo de Justicia. Otros

Kindly inform the Observatory of any action undertaken quot ing the code number of this appeal in your reply.