Política y Derechos Humanos
Politique et droits de la personne
Politics and Human Rights
Tlahui-Politic No. 4, II/1997 


Maltrato de prisioneros en los CEFERESOS

México D.F., a 6 de febrero de 1998. CNIAC-FEDEFAM. Hacemos de su conocimiento la siguiente denuncia publicada en la sección El Correo Ilustrado del periódico La Jornada del 6 de febrero del presente:

Los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) son verdaderos centros de exterminio. Están diseñados para destruir física y psíquicamente a quienes se encuentran ahí, y las autoridades carcelarias y de la Dirección de Prevención y Readapatación Social de la Secretaría de Gobernación actúan con saña inaudita cuando se trata de prisioneros políticos opositores. Los últimos hechos violatorios de los derechos humanos y garatías individuales son:

1.- En el CEFERESO No. 1 de Almoloya de Juárez, Estado de México, el día 9 de enero los presos que se encuentran en el Módulo No. 8 fueron obligados a desnudarse totalmente cuando se encontraban en el comedor; en esas condiciones los mantuvieron durante 15 minutos, a una temperatura ambiente de 5 grados bajo cero, y además fueron filmados por las cámaras del circuito interno. En dicho módulo se encuentran David Cabañas Barrientos y otros prisioneros políticos.

2.- En el CEFERESO No. 2 de Puente Grande, el Salto, Jalisco, constantemente llega un grupo de custodios uniformados de negro, a los que se conoce como los zorros; ellos irrumpen a medianoche, despiertan a los presos, los obligan a salir de sus celdas, a desnudarse totalmente y les practican revisiones corporales vejatorias. Lo anterior es denunciado por los compañeros Italo Ricardo Díaz Díaz, Rey Venegas Castro, Delfino de Jesús Aguilar Hernández, Rubén Díaz Díaz, Hermenegildo Torres Cruz y Pablo Torres Hernández, quienes se encuentran en el Módulo 2. Así mismo esta situación la padece Rubén Sánchez Sarabia en el Módulo No. 8.

3.- En el CEFERESO 1 y 2 se repite con frecuencia que a los presos les proporcionen comida descompuesta. El más reciente de los casos ocurrió el 24 de diciembre en Puente Grande, Jalisco, donde les dieron atún en mal estado y provocaron la intoxicación de -por lo menos- los compañeros del Módulo 2, donde se encuentran los presos políticos. En tanto en Almoloya de Juárez, Estado de México, el 5 de enero les dieron pollo descompuesto, lo que originó que todos los prisioneros se enfermaran.

Es necesario insistir en que en esos centros de exterminio se violan sistemáticamente los derechos humanos y garantías individuales inscritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se persigue aniquilar a los prisioneros y se les causan graves daños físicos y psíquicos. Es terrible que a pesar del caso de Pedro Osorio Sánchez, preso de Almoloya de Juárez, que intentó suicidarse 15 veces y finalmente lo logró, se mantenga un régimen contrario a las leyes mexicanas.

Como organismo no gubernamental de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos, llamamos a desarrollar una campaña permanente por la desaparición de los centros de exterminio de Almoloya de Juárez, Estado de México y Puente Grande, El Salto Jalisco; quienes se preocupen por esta situación pueden acudir los domingos frente a la catedral capitalina al plantón-bazar por la libertad de los presos políticos del país, de 10:00 a 18:00 horas.

Atentamente:

Ana Maria Vera Smith, Marco Antonio Campos Cabanyas, Felipe Edgardo Canseco Ruíz y Elia Camarillo Ibarra.

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México, pidiendo la libertad de más de 10 mil presos políticos del país, cesen la fabricación de culpables por medio de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra ciudadanos castigados por motivos políticos.

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En Morelos: tortura y ejecución policiaca de Jorge Nava Avilés

Ginebra, 4 de febrero de 1998. Caso MEX 040298. El Secretariado Internacional de la OMCT, solicita su intervención urgente en relación a la siguiente situación situación en México.

Breve descripción

La LIMEDDH - Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, miembro de la red, ha alertado el Secretariado acerca de la muerte por tortura del Sr. Jorge Nava Avilés, detenido violentamente el 27 de enero en Jiutepec, Morelos, por agentes de la Policía Preventiva del Estado de Morelos y el siguiente día entregado a la Policía Judicial estatal.

El 29 de enero durante la noche, en el municipio de Buenavista de Cuellar, Estado de Guerrero, agentes de la Policía Federal de Caminos recuperaron el cadáver de Jorge Nava Avilés al detener a tres personas que pretendían abandonar el mismo a orillas de la carretera Federal México-Acapulco, en el tramo Iguala-Palmira. Los tres detenidos fueron identificados como Armando Martínez Salgado, Director de la Unidad Antisecuestros del Estado de Morelos; Miguel Espinoza López, segundo comandante de esa misma Unidad; y Jacinto Arizmendi, agente de dicha Unidad. En el interior de la camioneta que conducían se descubrieron pasamontañas, vendas, cinta adhesiva y trapos ensangrentados.

Según los informes, la Sra. Magdalena Avilés Tapia (madre de Nava Avilés) habría asegurado que a su hijo le fue cercenado el pene y una oreja, los testículos le fueron destrozados a golpes y presentaba más de 20 fracturas en las costillas, estallamiento de visceras y múltiples hematomas.

Aunque se asegura que la autopsia reveló que Nava Avilés murió a consecuencia de tortura, el Director de la Policía Judicial de Morelos, Jesús Miyazawa Alvarez, habría afirmado que los agentes detenidos llevaban a Nava Avilés hacia Iguala para que indicara el lugar donde se refugiaba un complice, pero que antes de llegar sufrió un "síncope cardíaco", por lo que los agentes se hicieron; a un lado de la carretera para tratar de auxiliarlo.

Los informes afirman que en febrero de 1996, Organizaciones no gubernamentales de Cuautla denunciaron a Armando Martínez Salgado, Director de la Unidad Antisecuestros del Estado de Morelos, como secuestrador, homicida, protector de narcotraficantes y ejercicio indebido del servicio público. Denuncia que se asegura fue hecha ante la Presidencia de la República, el Gobierno del Estado de Morelos, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que se hubieran aplicado sanciones al denunciado a pesar de haberse presentado pruebas.

Se dice, además, que contra Armando Martínez Salgado existiría una orden de captura, dictada por el Juez Quinto de lo Penal en Celaya, Guanajuato, por delito de secuestro en la persona de Ruben Ramirez el 9 de octubre 1996 (proceso 218/97). Martínez Salgado también se hallaría acusado por delito de extorsión en contra de José Guadalupe Barragan Serrato, a quien habría amenazado de muerte y de acusarle como nacrotraficante, el cual fue secuestrado el pasado año sin que hasta ahora se tenga noticia de su paradero.

Se anota en los informes que ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni la Procuraduría del Estado, ni la Policía Federal de Caminos han informado del estado que guardan las investigaciones sobre el caso de Jorge Nava Avilés. La PGR únicamente informó, el 2 de febrero, que los tres policías fueron arraigados (a partir del 2 de febrero) por decisión del Juez Quinto de lo Penal a fin de que el Ministerio Publico Federal; encuentre mayores elementos de prueba. Por otra parte, el Gobernador de Morelos, el Sr. Jorge Carrillo Olea, habría denegado autorizar la comparecencia del Procurador General de Justicia del estado ante el Congreso local para explicar la actuación de sus subalternos.

Ante esa situación la LIMEDDH recuerda que el respeto a la integridad personal, y el derecho a la vida son derechos garantizados por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Además se podría incurrir en vilaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y a los artículos 108,109 y 110 de la Constitución.

Acciones solicitadas

Dirigirse a las autoridades de México urgiéndolas a :

i. asegurar la investigación y esclarecimiento de la detención y muerte bajo tortura de Jorge Nava Avilés, a fin de que quienes resulten responsables sean enjuiciados judicialmente y sancionados penal, civil y administrativamente conforme a las leyes vigentes;

ii. garantizar a los familiares de la víctima el derecho a obtener apropiada reparación;

iii. dictar medidas urgentes para garantizar la seguridad y libertad de toda persona que haya denunciado o denuncie las actuaciones ilegales o arbitrarias de los agentes citados, en particular Armando Martínez Salgado;

iv. velar porque los Congresos Local y Federal procedan a investigar y a evaluar las políticas de selección, capacitación y las actuaciones de las policías judiciales en el marco de la coordinación Nacional de Seguridad Pública.

v. adoptar las medidas apropiadas para garantizar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

Direcciones/addresses/adresses

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México, y el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos.

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

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Plantón de indígenas mixtecos y triquis

México D.F., a 3 de febrero de 1998. CNIAC-FEDEFAM. Hacemos de su conocimiento la siguiente denuncia publicada en el periódico La Jornada del 3 de febrero del presente:

Oaxaca, Oax: Mas de 2 mil 500 indígenas mixtecos y tirquis, integrantes del Movimiento Unificación y Lucha Triqui y de la Organización Obrero Campesino Emiliano Zapata, se instalaron hoy frente al palacio de gobierno de esta ciudad, después de 2 días de marcha, en demanda de la desmilitarización de los pueblos indígenas del país, el cumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y solución de diversas peticiones de servicios públicos y procuración de justicia. Ayer domingo, cuando la Caravana circulaba sobre la carretera federal Yucuda-Pinotepa Nacional, cerca de la comunidad de Laguna Guadalupe, se volcó la camioneta con placas de circulación RR-82634, con resultado de 2 personas muertas y 5 heridos.

Ciudad Juárez, Chihuahua: 2 agentes antidrogas de Estados Unidos se acreditaron ante el consulado de ese país en dicha ciudad, para realizar investigaciones relacionadas con el crimen organizado, informó el gobernador Francisco Barrio Terrazas. Mientras que un grupo de 60 mujeres realizaba un plantón para exigirle que interviniera para aclarar el destino final de más de 90 personas que han sido desparecidas en la misma ciudad, sin que nadie les haya informado de los avances de las investigaciones. El plantón fue organizado por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas.

Tijuana, Baja California: En los últimos 2 meses autoridades federales han realizado un total de 90 cateos en propiedades presuntamente vinculadas con el narcotráfico...

El operativo mas reciente se llevo a cabo el pasado fin de semana cuando se inspeccionaron 18 domicilios, entre ellos la casa de una comunidad de los hermanos maristas, ubicada en la colonia Las Palmas de la delegación municipal La Mesa.

Allí los agentes federales esperaban encontrar droga y armas, pero en cambio se encontraron con una docena de frailes asustados, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado tras la introducción de varios hombres armados a su dormitorio, lo que le produjo insuficiencia cardiaca.

El religioso Diego Gutiérrez Jiménez se mantenía internado el pasado fin de semana en el hospital privado Del Prado, en la habitación 107-B, en donde se le atendía además de algunos golpes que habría recibido durante el operativo.

Vecinos de los religiosos informaron a este diario que la madrugada del sábado, varios hombres armados arribaron al lugar "tumbando puertas", estuvieron allí varios minutos y luego se retiraron.

Direcciones/addresses/adresses

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México, pidiéndo la desmilitarización y desaparición de bandas paramilitares y guardias blancas del país, cesen el genocidio expresado en masacres y asesinatos de indígenas y campesinos, detenciones arbitrarias y desapariciones-forzadas por motivos políticos; cese el hostigamiento contra los habitantes, castigo a los responsables de estos crímenes, y solución civilizada a las justas demandas de la población en general.

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Allanamiento de las oficinas de la ADEPECH

México D.F., a 3 de febrero de 1998. CNIAC-FEDEFAM. Hacemos de su conocimiento la siguiente denuncia publicada en el periódico La Jornada del 3 de febrero del presente:

Las oficinas de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco, ADEPECH -cuyo dirigente fue asesinado el miércoles anterior- fueron allanadas durante el fin de semana, informó Gustavo Zarate, dirigente del organismo, quien dijo que esto representó "un aviso" de quienes han "amenazado de muerte" a 8 líderes de la agrupación.

El lunes al abrir las oficinas "descubrimos que fueron visitadas por gente extraña a la organización, que revisaron toda la documentación existente, referente a la asamblea.

Zarate afirmó que este acto "fue un aviso de las gentes que asesinaron a Rubicel Ruíz Gamboa, que buscan información pero no sabemos cual, pues nuestra única lucha es por la tierra, la democracia y la justicia.

Recordó que a partir del 12 de octubre del año pasado, se incremento la presión en contra de las Organizaciones que integran la Adepech. "Hemos recibido sistemáticamente amenazas de muerte", dijo. ... No hemos ordenado la información así que no sabemos que se hayan llevado. Lo que a la vista parece que hurtaron es documentación sobre las comunidades donde la Asamblea tiene presencia y listas de afiliados.

Considero que quienes se han visto afectados por las actividades de las 24 Organizaciones que integran la organización, "es el gobierno; en el pasado ya lo denunciamos.

Detallo que los dirigentes que han sido amenazados son, además del el mismo: Celso Cruz, Mariano López, Inar Berneli Domínguez, Jorge Motolinía, Mariano López, Rosendo Hernández Y Felipe López. Este último abandonó el Estado, ante la intensidad de las amenazas y la constante persecución.

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México:

Direcciones/addresses/adresses

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Chiapas, pidiendo la desmilitarización y desaparición de bandas paramilitares y guardias blancas del país, cesen el genocidio expresado en masacres y asesinatos de indígenas y campesinos, detenciones arbitrarias y desapariciones-forzadas por motivos políticos; respeto a la vida e integridad física y psicológica de las personas mencionadas y castigo a los responsables de estos crímenes, así como solución civilizada a las justas demandas de la población en general.

Atentamente: CNIAC y FEDEFAM-México

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Temores por la seguridad y la libertad de miembros de la LIMEDDH

Ginebra, 3 de febrero de 1998. Caso MEX 001/9802/OBS 006. El Observatorio para la protección de los Defensores de los Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la OMCT, solicita su intervención urgente en relación a la siguiente situación en México.

Breve descripción

El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos ha sido informado de hechos que hacen temer por la seguridad y libertad de miembros de la sección de la LIMEDDH - Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, en Oaxaca, Estado de Oaxaca.

En de ayer la LIMEDDH, miembro de la FIDH y de la OMCT, informó que desde febrero de 1997 la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de su representante Roberto Pedro Martínez Ortíz, ha venido haciendo señalamientos sin fundamento con respecto al trabajo de la organización, tratando de demeritar su labor al vincular la organización con el grupo armado Ejército Popular Revolucionario, EPR.

Con la designación del Sr. Evencio Nicolás Martínez como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la situación se agudizó mediante señalamientos directos en contra de la LIMEDDH tratando de restarle prestigio. Finalmente el 25 de enero de 1998, el Gobernador del Estado de Oaxaca, el Sr. Diódoro Carrasco Altamirano, al ser entrevistado por periodistas españoles de la Agencia EFE, aparentemente afirmó que la Limeddh es una organización del Ejército Popular Revolucionario, EPR. Además de expresar que Organizaciones extranjeras están interviniendo para crear conflictos en las comunidades, demeritando los esfuerzos internacionales para evitar que la violación a los derechos humanos queden en la impunidad.

La LIMEDDH observa que el Gobernador, el Procurador de Justicia y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han asumido coincidentemente la posición de que en Oaxaca se actúa siempre conforme a derecho y sin violentar los derechos humanos. Desafortunadamente en los hechos existen evidencias de que esto no es así. Incluso, no se reconoce la designación de autoridades por usos y costumbres y se imponen autoridades.

Afirma, asimismo, deseando dejar constancia de los hechos, que esa situación no es aislada, ya que lo mismo esta ocurriendo en el resto del país con Organizaciones sociales, políticas, civiles y que el riesgo de sufrir la represión en todas sus formas, con la consecuente impunidad, se acrecienta después de los señalamientos vertidos por las autoridades. Razón por la cual se hace responsable a las autoridades de Oaxaca y de México por la seguridad física y psicológica de los miembros de la organización.

Se observa además que al acusar a la LIMEDDH de hallarse vinculada al EPR las autoridades evidencian que las múltiples recomendaciones de Organizaciones internacionales no gubernamentales y la Organización de las Naciones Unidas respecto al caso de los indígenas zapotecas de la región Loxicha, (que han sufrido ejecuciones extrajudiciales, tortura, maltratos y detenciones arbitrarias), han causado incomodidad y por ello se intenta desprestigiar a una de las Organizaciones - la LIMEDDH - que le han dado seguimiento a este caso.

Acción solicitada

Dirigirse a las autoridades de México pidiéndoles :

i.- hacer cesar toda forma de hostigamiento en contra de la LIMEDDH, sus miembros o colaboradores, y adoptar medidas apropiadas para garantizar el respeto de la libertad e integridad física y psicológica de los mismos en toda circunstancia;

ii.- adoptan medidas urgentes para garantizar a la LIMEDDH y las demás Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, las condiciones necesarias para la libre realización de sus actividades de promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales ;

iii.- conformarse, de modo general, a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones internacionales ratificados por México.

Direcciones/addresses/adresses

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Oaxaca.

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

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Nueva actualización del caso Sergio Moreno López

México, D.F. 18 de enero de 1998. CNIAC-FEDEFAM. Informamos que a raíz de la desaparición de Sergio Moreno López, asesor de la Organización de Acción campesina Independiente 13 de Octubre (OACI-13), ocurrida el 18 de octubre de 1997 en el Estado de Puebla, diversar Organizaciones de derechos humanos, amigos y compañeros, entre ellos: La Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos (ARELIDH), la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de detenidos-desaparecidos (FEDEFAM), el Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, exigimos al gobierno Federal y Estatal la presentación con vida y su inmediata libertad.

Gracias a la intervención oportuna de decenas de Organizaciones fraternas y el apoyo internacional hemos logrados los siguientes avances:

1.- El 23 de diciembre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, informo vía telefónica tener dados sobre el paradero de Sergio Moreno López.

2.- el 2 de enero del presente, presentan una fotografía y ropa que es parecida a la que llevaba puesta el día de su desaparición. Este mismo día la Agencia del Ministerio Público presionó a Patricia Ibarra Torres, asesora de derechos humanos de la Organización de Acción Campesina 13 de Octubre, para que aceptara que la fotografía y la ropa era de Sergio Moreno López, aceptando a su vez su muerte. Como era imposible la identificación de esta manera, en ese momento se pidió la exhumación del cadaver.

3.- El 12 de enero en la noche la Lic. Yolanda Vázquez López, Agente del Ministerio Público de la Zona Metropolitana sur, aviso vía telefónica que el día 14 de enero a las 8 a.m. se practicaría una diligencia ministerial sobre este caso, sin precisar que tipo de diligencia, para la cual citan a Teresa Ortíz, Gabriel Paulino Gutiérrez y Patricia Ibarra Torres. Al presentarse estas personas se enteraron con sorpresa que ya se había exhumado el cuerpo y estaba en la plancha, listo para que lo identificaran. existe el 70 % de probabilidades de que sea el cuerpo del ciudadano desaparecido. Por lo que se esperan mas exámenes para una comprobación mas exacta.

Existen las siguiente irregularidades.

1.- Con respecto a la denuncia de hechos presentada sobre la desaparición, se a abrió la averiguación previa No. 317/97/DMS, en la Agencia del Ministerio Público de la Zona Metropolitana Sur de Puebla, de la cual se nos han negado copias certificadas, solicitadas en las comparecencias ante el Ministerio Público. Se investigo a todas las Organizaciones sobre sus dirigentes y a personas que convivieron con Sergio Moreno López, llegando incluso a poner vigilancia permanente por elementos de la Policía Judicial, tomaron fotografías de la casa ubicada en Calle San Isidro Co. Santa Margarita, Amozoc Puebla y cambiaron la chapa de la puerta de acceso de la misma, sin existir de por medio notificación oficial a los arrendatarios, mucho menos a los propietario del inmueble. Cabe mencionar que este inmueble es arrendado por Patricia Ibarra.

2.- Se nos informa que la persona desaparecida fue atropellada el mismo día de su desaparición, pero hasta el momento desconocemos lo siguiente:

    a.- Numero de ambulancia que recogió al atropellado del Km, 9 de la carretera Amozoc, el 18 de octubre de l997, y lo traslado al hospital Universitario de Puebla, lugar donde según versión de la Procuraduría estuvo hospitalizado hasta el 4 de noviembre día en que falleció.

    b.- parte informativo de la ambulancia que hizo el traslado

    c.- Parte informativo de la Policía Federal de Caminos, de Seguridad Publica o Judicial que haya conocido del atropellamiento.

    d.- Copia de la libreta de registro del Servio de Urgencias del Hospital Universitario, nota de ingreso al Servicio de Urgencias y Copia del Expediente Clínico del paciente del hospital

    e.- Testimonial del médico o personal de dicho hospital que fue notificado por el paciente acreditántose como Sergio Moreno López.

    f.- Exhibición de las placas radiográficas y exámenes en el hospital, fografías y examen de necropsia de ley, así como huellas dactilares.

    g.- Tipo sanguíneo y RH del accidentado del que dicen ser Sergio Moreno López.

Ya que si desde el 18 de octubre estuvo en dicho hospital porque lo negaron cuando se fue a preguntar por el antes de darlo por desaparecido, por otra parte por que la fotografía que presentaron para su identificación tenia la fecha del 11 de noviembre y por que enterraron el cuerpo, sabiendo que se le estaba buscando. Por otra parte la información de la agencia del ministerio publico, el cuerpo no presenta fractura de ningún hueso, y se dice por fuerte infección de viseras. Hasta que no sean constestadas estas interrogantes, no podremos aceptar que la muerte de este ciudadano haya sido por atropellamiento.

3.- Con respecto a la exhumación no se avisó de manera oficial, ni con anticipación de tal manera que no se supo el lugar preciso de donde se sacó el cuerpo.

4.- Han existido amenazas y hostigamiento

a: Julio Paulino Ortíz, hijo de Gabriel Paulino Gutiérrez y Teresa Ortíz, miembros del Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, quien fue detenido sin orden de aprehensión por elementos de la Policía Pública Estatal, el 8 de enero en la calle 18 poniente No. 225 de San Pedro Yancuitlalpan, Mpio.San Nicolás de los Ranchos, Puebla, quienes violentamente lo introdujeron a la patrulla 436 de la Delegación Norte del Estado de Puebla y lo condujeron a esa Delegación, donde fue golpeado, torturado psicologicamente e interrogado durante toda la noche a cerca del trabajo que realizan sus padres y el compañero Isidro Sánchez Piedra, diciéndole que a esos de derechos humanos ya les traían ganas.

Por otro lado elementos de Seguridad Nacional en Tlaxcala, tomaron fotografía de los C.C. Isidro Sánchez Piedra y Lucrecia Ortega Sánchez, al reclamar este hecho, contestaron que estaban formando un álbum de dirigentes sociales y que también el Lic. Manuel Bartlett Díaz, Gobernador del Estado de Puebla quería una copia de esa fotografía. Días después, el C. Raúl Armas, asesor del Gobernador de Tlaxcala, ha empezado a decir muy seguido, a los compañeros mencionados "cuiden mucho a sus hijos, por ya sabemos quienes son y a que escuelas van y sus edades, estos hechos resultan graves amenazas a la integridad de los defensores de derechos humanos.

Por lo anterior manifestamos nuestra inconformidad con el actuar del gobierno de Puebla y Tlaxcala, así como de la Procuraduría, en el caso que nos ocupa y solicitamos la realización de acciones urgentes, para solicitar garantías a los C.C. Lucrecia Ortega Sánchez, Isidro Sánchez Piedra, Patricia Ibarra Torres, Gabriel Paulino Gutiérrez, Teresa Ortíz de Gutiérrez, Roberto Gil González y de todas sus familias, así como para lograr el total esclarecimiento del la "Posible ejecución extrajudicial del C. Sergio Moreno López.

Direcciones/addresses/adresses

Dirigir sus cartas al Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Puebla.

Atentamente

ARELIDH. Asociación Regional Liberación Pro-Derechos Humanos A.C. Lucrecia Ortega Sánchez, directora Administrativa, e Isidro Sánchez Piedra, Coordinador de Asesores. FEDEFAM MÉXICO: Judith Galarza C., Verónica Ibarra Torres, Julio Mata Montiel

OACI-13 Oct. Patricia Ibarra Torres, Asesora de Derechos Humanos de la Organización de Acción Campesina OACI-13 de Octubre.

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Desapariciones forzadas de indígenas Choles

Ginebra, 30 de enero de 1998. OMCT. Caso MEX 300198. El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención en relación a la situación siguiente en México.

Breve descripción

La sección mexicana de FEDEFAM - Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, miembro de la red, ha alertado el Secretariado acerca de la detención y presunta desaparición forzada de 11 personas de la etnia Chole.

Según los informes recibidos, la Coalición de Derechos Humanos para las Etnias de Chiapas, organismo humanitario independiente, ha requerido las autoridades del gobierno estatal para dar con el paradero de 11 indígenas del municipio de Sabanilla, Chiapas, quienes fueron detenidos por elementos del Ejército mexicano, la semana pasada

(19 al 24 de enero).

Las personas víctimas de esos hechos han sido identificadas como: Mateo Hernández Martínez, Diego Cruz Pérez, Emilio Juárez Cruz, Enelio Pérez Martínez, Pascual López Pérez, Antonio Pérez Cruz, Mateo López Pérez, José Antonio López Pérez, Gustavo Pérez Gómez, José Alberto López Pérez Y Manuel Hernández Pérez.

Acciones solicitadas

Dirigirse a las autoridades de México urgiéndolas a:

i.- adoptar medidas para determinar el paradero de las once (11) personas citadas, garantizar el respeto de su integridad física y psíquica en toda circunstancia y asegurar su liberación inmediata en caso de hallarse detenidos sin causa judicial válida o, de lo contrario, presentarlas ante un tribunal civil competente que estatuya sobre la causa;

ii.- poner término a la detención de personas en forma ilegal o arbitraria y proceder a investigar tales hechos en forma exhaustiva a fin de identificar los autores, determinar responsabilidades y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por las leyes vigentes;

iii.- velar por el respeto efectivo de los derechos humanos, conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

Direcciones/addresses/adresses

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Guerrero, y a las embajadas de México en sus respectivos países.

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

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Ejecuciones sumarias en Coyuca de Catalán, Guerrero

Ginebra, 29 de enero de 1998. OMCT. Caso MEX 290198. El Secretariado Internacional de la OMCT solicita su intervención en relación a la situación siguiente en México.

Breve descripción

La LIMEDDH -Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, miembro de la red, ha expresado su grave preocupación ante la ejecución sumaria de que fueron víctimas los Sres. Francisco Rauda Orozco, Gabriel Rauda Orozco y Simón Rauda Orozco, Eloy Orozco Rauda y David Maldonado Orozco, y tentativa de ejecución contra el Sr. Agustín Orozco Rauda, sobreviente.

Según los informes, la LIMEDDH recibió una denuncia indicando que el 25 de enero de 1998 a las 8:00 horas, un grupo de entre 20 y 30 hombres armados con rifles de alto poder y el rostro cubierto llegaron a la comunidad de Las Palancas, en la sierra del municipio de Coyuca

de Catalan, Estado de Guerrero, y se dirigieron a distintas viviendas de las que sacaron a golpes a las seis personas antes citadas, procediendo a ejecutarlas sumariamente en la vía pública en presencia de familiares y pobladores.

Unicamente sobrevivió a esos hechos el Sr. Agustin Orozco Rauda, a quien creyeron muerto.

Los informes recuerdan que durante los últimos tres años se han registrado no menos de siete (7) masacres en esa región.

La LIMEDDH recuerda que el respeto a la integridad personal, y el derecho a la vida son derechos garantizados por los artículos 14 y 17 de la Constitución Poliica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos, 6 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos y el Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos Humanos.

Acciones solicitadas

Dirigirse a las autoridades de México urgiéndolas a:

i.- adoptar medidas para salvaguardar la vida e integridad física y psíquica del Sr. Agustín Orozco Rauda , sobreviviente de los hechos descritos;

ii.- garantizar la investigación pronta y exhaustiva de esos hechos a fin de identificar los autores, determinar responsabilidades y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por las leyes vigentes;

iii.- hacer cesar las actuaciones de grupos paramilitares mediante el desarme de los mismos, el cese de toda protección o asistencia presuntamente acordada por algunas autoridades y el enjuiciamiento y sanción penal de los responsables de violaciones de los derechos humanos;

iv.- velar por el respeto efectivo de los derechos humanos, conforme a las leyes nacionales y las normas internacionales.

Direcciones/addresses/adresses

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Guerrero, y a las embajadas de México en sus respectivos países.

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

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Detención-desaparición de José Gil Martínez y Alfredo García Martínez

Ginebra, 23 de octubre de 1997. Caso MEX 231097. El Secretariado Internacional de la OMCT, solicita su intervención urgente en relación a la siguiente situación situación en México.

Breve descripción

La LIMEDDH - Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, miembro de la red SOS-Tortura, ha expresado su preocupación por la vida y seguridad de los Sres. Gil Martínez José y Alfredo García Martínez, detenidos el 10 de octubre 1997 y cuyo paradero aún se desconoce. De acuerdo a los informes de la LIMEDDH, los Sres Gil Martínez José y Alfredo García Martínez fueron detenidos en la comunidad de Magadalena Loxicha, Estado de Oaxaca, durante un operativo conjunto efectuado por militares y policías estatales y federales. Ambos fueron trasladados en helicóptero a un destino desconocido y hasta el 21 de octubre se desconocía su paradero, a pesar de que sus familiares les han buscado en los diferentes reclusorios de la ciudad y en los cercanos a la comunidad de Magdalena Loxicha.

La LIMEDDH advierte que esos hechos violan la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la OEA el 8 de junio de 1994. También recuerda que el respeto a la integridad personal, el derecho a la libertad y a no ser detenido sin orden judicial ni privado de la libertad sin ordenamiento judicial y en recintos exprofeso, son derechos garantizados por los artículos 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución mexicana; los artículos 3 al 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5 ; de la Convención Americana de Derechos Humanos y 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Acciones solicitadas

Dirigirse a las autoridades de México urgiéndolas a:

i. dictar mas medidas necesarias para determinar el paradero de los Sres Gil Martínez José y Alfredo García Martínez, y garantizar el respeto de su integridad física y psicológica;

ii. asegurar que en caso de hallarse efectivamente detenidos en forma ilegal o arbitraria se ordene su liberación inmediata o que, si existieran cargos judiciales, se integre la respectiva averiguación previa, respetando sus derechos fundamentales y que sean presentados sin dilación ante un tribunal o autoridad judicial competente.

iii. investigar en forma exhaustiva e imparcial las circunstancias y condiciones de la detención y presunta desaparición forzada de esas personas, a fin de determinar responsabilidades y juzgar y sancionar penal, civil y/o administrativamente a quienes resulten imputables conforme a la ley. iv. hacer cesar la práctica de detenciones - desapariciones en el Estado de Oaxaca y cualquier otra región o Estado del país;

v. velar por el respeto efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme a la legislación nacional y los Pactos o Convenciones en la materia ratificados por México.

Direcciones/addresses/adresses

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Oaxaca. y a las embajadas de México en sus respectivos países.

Se ruega informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.

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Detención-desaparición del indígena zapoteco José A. Pacheco

México D.F., a 3 de febrero de 1998. CNIAC-FEDEFAM. Hacemos de su conocimiento la siguiente denuncia publicada en el periódico La Jornada del 3 de febrero del presente:

Oaxaca, Oax, 2 de febrero: A 8 dias de que agentes de la Policía Judicial del Estado, PJE, detuvieron al indígena zapoteco Jorge Adalberto Pacheco Santiago, en la comunidad La Conchuda, Loxicha, este se encuentra desaparecido, sin que ninguna autoridad reconozca su detención, confirmó hoy la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDH.

La vicepresidente Angélica Ayala Ortíz, dijo que los familiares de Pacheco Santiago temen que esté siendo torturado "para tratar de involucrarlo en actividades del Ejercito Popular Revolucionario, EPR.

"Tenemos mas elementos para pensar que fue secuestrado, como ha ocurrido con otras 17 personas durante los últimos 2 años, para tratar de involucrarlos con el EPR.

Por su parte la indígena zapoteca Susana Santiago, originaria de La Conchuda, denunció que su hijo Jorge Adalberto, de 19 años fue detenido el 25 de enero por miembros de "un grupo especial de la Procuraduría de Justicia del Estado, que iban vestidos de verde olivo con manchas cafés y amarillas.

Agregó que ese día, cuando su hijo juntaba mazorca, llegaron varios policías, quienes lo arrastraron y lo subieron a "la fuerza a una camioneta de color rojo. Los agentes informaron a los habitantes del lugar que estaban allí para verificar si habían recibido las despensas y las láminas que les había enviado el gobierno después del paso del huracán Paulina. Sin embargo cuando se retiraron se llevaron al C. Mencionado, quien no ha sido localizado en ninguna corporación policiaca.

Direcciones/addresses/adresses

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Oaxaca. y a las embajadas de México en sus respectivos países.

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Riesgo de agresión a la LIMEDDH-FIDH

México D.F., a 2 de febrero de 1998. CNIAC-FEDEFAM. A los medios de comunicación y Organizaciones de derechos humanos. La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos, organismo con estatuto consultivo ante la ONU, (Resolución 1296); filial de la Organización Mundial contra la Tortura, (OMCT) y Observador en México del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), solicita su intervención inmediata, ante declaraciones oficiosas que ponen en riesgo a nuestra Organización de derechos humanos.

En México enfrentamos una situación critica en materia de derechos humanos, las experiencias dolorosas no han sido suficientes para hacer comprender a nuestros gobernantes de que los mexicanos y las mexicanas estamos cambiando, y que trabajamos para evitar que se sigan violentando los derechos fundamentales y prevalezca la impunidad.

En Oaxaca la Limeddh-FIDH ha desarrollado un trabajo consistente que le ha ganado la credibilidad y el reconocimiento de la gente, pero al mismo tiempo, tenemos temor porque ha provocado reacciones adversas en los distintos niveles de gobierno.

Con profunda preocupación nos hemos enterado que el periódico de circulación local en Oaxaca "El Sur", a través de su editorial, los Sres. Alfredo Martínez de Aguilar, y Añorve, la persona que firma bajo el seudónimo de Juan Diego, han venido publicando una serie de comentarios en las que ponen en entredicho la labor profesional de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial Oaxaca y de manera especial a su coordinadora Angélica Ayala Ortíz.

Desde febrero de 1997 la Procuraduría General de Justicia del Estado en voz de su representante Roberto Pedro Martínez Ortíz ha venido haciendo señalamientos sin fundamento con respecto a nuestro trabajo, tratando de demeritar nuestra labor al vincularnos con un grupo armado llamado Ejercito Popular Revolucionario, EPR.

Posteriormente, con la designación de Evencio Nicolas Martínez como Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la situación se agudizo al hacer señalamientos directos en contra de nuestra Organización, tratando de restarle prestigio.

Finalmente el 25 de enero de 1998, el Gobernador del Estado de Oaxaca, Diodoro Carrasco Altamirano, al ser entrevistado por periodistas españoles de la Agencia EFE, aparentemente, afirmó que la Limeddh es una Organización del Ejercito Popular Revolucionario, EPR. Además mencionó que

Organizaciones extranjeras estan interviniendo para crear conflictos en las comunidades de nuestro país, demeritando los esfuerzos internacionales para evitar que la violación a los derechos humanos queden en la impunidad.

Cabe mencionar que el Gobernador, el Procurador de Justicia y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han asumido coincidentemente la posición de que en Oaxaca "se actúa siempre conforme a derecho y sin violentar los derechos humanos". Desafortunadamente en los hechos existen evidencias de que esto no es así. Incluso, no se reconoce la designación de autoridades por usos y costumbres y se imponen autoridades.

Conscientes de que esta situación no es aislada, ya que lo mismo esta ocurriendo en el resto del país con Organizaciones sociales, políticas, civiles y que el riesgo de sufrir la represión en todas sus formas, con la consecuente impunidad, se acrecienta después de los señalamientos vertidos por las autoridades, deseamos dejar constancia de los hechos aquí narrados con la finalidad de que los analicen y consideren su intervención.

En tanto, hacemos responsables a las autoridades de Oaxaca y de México por nuestra seguridad física y psicológica, pues nuestro compromiso con la sociedad oaxaqueña no será mermado por el hostigamiento, ya que en estos momentos se hace mas urgente nuestra contribución, aunque reconocemos el riesgo que esto representa.

Hacer afirmaciones en el sentido de que la LIMEDDH-FIDH está vinculada con el EPR, es una muestra de que las múltiples recomendaciones que han realizado organismos como la Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas con respecto al caso de los indígenas zapotecas de la región Loxicha, (que han sufrido ejecuciones extrajudiciales, tortura, maltratos y detenciones arbitrarias), han causado incomodidad y por ello se intenta desprestigiar a una de las Organizaciones que le han dado seguimiento a este caso.

Son las condiciones de violaciones a los derechos humanos, las que llevan a las personas a solicitar ayuda, y de estas a las que mas se les violenta son a los indígenas. Las mismas personas acuden a instituciones solicitando atención, y donde ellos reciben atención es donde acuden con mayor frecuencia. De tal manara, no somos las ONG las que propiciamos las violaciones o escogemos a quien vamos a defender. Una vez que se nos brindan elementos que hacen presuponer una violación a los derechos humanos, es que de buena fe, pero de manera responsable tomamos el caso.

Solicitamos a las Organizaciones y personalidades a que esten atentos a cualquier agresión que podamos tener ante estas calumnias que buscan que nos alejemos de los casos que denunciamos, concretamente el caso Loxicha, y a su vez pretenden aislarnos del resto de las ONG para posteriormente reprimirnos.

Solicitamos

i- Se respete el trabajo que nuestra Organización realiza.

ii- Se brinden las garantías necesarias para la realización de nuestras actividades de defensa de los derechos humanos.

iii- Se les de atención a los casos denunciados por la LIMEDDH-FIDH y se sanciones a los responsables.

Atentamente: Adrian Ramirez López, Presidente de la LIMEDDH, Vicepresidente de la FIDH. Angélica Ayala Ortíz Francisco Lope Ávila Vicepresidenta. Secretario de Prensa

Direcciones/addresses/adresses

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno de México y el Gobierno del Estado de Oaxaca. y a las embajadas de México en sus respectivos países. Pidiendo la desmilitarización y desaparición de bandas paramilitares y guardias blancas del país, cesen el genocidio expresado en masacres y asesinatos de indígenas y campesinos, detenciones arbitrarias y desapariciones-forzadas por motivos políticos; respeto a la vida e integridad física y psicológica y presentación con vida de la(s) persona(s) mencionadas, y de más de 1300 ciudadanos que se encuentran desaparecidos, libertad de más de 10 mil presos políticos del país, cesen la fabricación de culpables por medio de la tortura y hostigamiento contra la población en general, así mismo castiguen a los responsables de estos crimenes y den solución civilizada a las justas demandas de la población en general.


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