Huelga de hambre contra la violencia en Guerrero

México D.F., a 7 de enero de 1998. CNIAC-FEDEFAM. Información publicada en el periódico La Jornada del 7 de enero del presente: 30 hombres y mujeres desplazados por la violencia en las comunidades El Cucuyachi y Agua Fría, municipio de Atoyac, Gro, se pusieron en huelga de hambre para exigir la salida de los grupos paramilitares de la sierra, la investigación y castigo de los asesinatos por motivos políticos y la presentación de Fredy Nava Ríos y Miguel Castro Monillo, detenidos por el Ejercito Mexicano y desaparecidos desde hace mas de 7 meses.

Los ayunantes, incluidos los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en Atoyac, Mario Valdez Lucena y Wilebaldo Rojas Arellano y 13 campesinos desplazados de la comunidad de Agua Fría y 15 del Cucuyachi encabezados por el Comisario Cornelio Barrientos Cortez y el Presidente del Comisariado Ejidal Margarito Arreola Barrientos, se instalaron frente al palacio municipal después de reunión con el Gobernador Angel Aguirre Rivero y con el Comandante de la Novena Región Militar General Luis Humberto Portillo Leal, donde rechazaron la propuesta gubernamental de abandonar definitivamente el Cucuyachi y establecerse en otra ciudad, afirmando que ellos no son responsables de la violencia, que son originarios de ese lugar que esas tierras les pertenecen y que no han cometido delito alguno que justifique su salida, los desplazados plantean que la violencia se acabará si salen de la comunidad los priístas integrantes de un grupo paramilitar encabezado por la familia Peñaloza, quienes de acuerdo a la denuncia recibida recientemente por nuestra organización, hace acusaciones contra dirigentes y militantes del PRD, de ser los responsables de la violencia en la sierra, acusándolos de ser "paramilitares''.

También los habitantes informaron que desde hace una semana estos y los Caballero regresaron a El Cucuyachi, asegurando que "llevaban más armas de alto poder como las que han portado en apariciones anteriores''. Esta situación se agrava ya que desde la mañana del 2 de enero de 1998, comenzaron a subir tropas, contándose mas de 10 tanquetas y un vehículo tipo Torton lleno de soldados.

Wilebaldo Rojas Arellano, secretario de prensa del Partido de la Revolución Democrática, PRD en el estado, considero que con el despliegue de tropas y los rumores de enfrentamiento "se trata de justificar un golpe contra el PRD'' y contra los campesinos desplazados que se oponen a los paramilitares y que están refugiados en la cabecera municipal desde noviembre pasado, después de que fueron asesinados el militante perredista Roberto López Baltazar y el dirigente de ese partido en El Cucuyachi, Silverio García. (LFD-GRO-PRD-115/97).

Los perredistas señalan como responsables de estos asesinatos al grupo paramilitar priísta encabezado por los Peñaloza, que "son instrumento del Ejercito''. Afirman que ese grupo, porta armas de alto poder, principalmente cuernos de chivo o AK-47 y AR-15, y que ha acusado a los perredistas de tener vínculos con el EPR a fin de que los repriman.

Por la gravedad de lo anterior, nos dirigimos a Ustedes, atenta y respetuosamente, para solicitar su difusión y su valiosa intervención ante el Gobierno del C. Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; C. Lic. Francisco Labastida Ochoa, Secretario de Gobernación; C. Lic. Angel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador del estado de Guerrero.

Para pedir la desmilitarización y desaparición de bandas paramilitares y guardias blancas del país, cesen el genocidio expresado en masacres y asesinatos de indígenas y campesinos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por motivos políticos; respeto a la vida e integridad física y psicológica y presentación con vida de la(s) persona(s) mencionadas, y de más de 1300 ciudadanos que se encuentran desaparecidos, libertad de más de 10 mil presos políticos del país, cesen la fabricación de culpables por medio de la tortura y hostigamiento contra la población en general, frenen estas medidas de terror, que causan el desplazamiento forzado de miles de familias para establecer aldeas estratégicas donde estos ciudadanos en su mayoría niños, mujeres y ancianos son víctimas de graves abusos por parte de las autoridades y paramilitares, como la reciente masacre de Acteal, Chiapas, así mismo que castiguen a los responsables de estos crímenes y den solución civilizada a las justas demandas de los ciudadanos en huelga de hambre, arriba mencionados y de la población en general.

ATENTAMENTE

CNIAC - FEDEFAM. Coordinación Nacional: Judith Galarza, Verónica Ibarra Torres, y Julio Mata Montiel

Repudio a la masacre de indígenas en Acteal, Chiapas

México Distrito Federal, 26 de diciembre de 1997. CNIAC-FEDEFAM. Manifestamos nuestro repudio a la masacre de indígenas desplazados de la comunidad las Abejas y simpatizantes zapatistas, refugiados en Acteal, en el municipio de Chenalho Chiapas llevada a cabo el 22 de diciembre por grupos paramilitares, en la que murieron 45 personas entre niños y mujeres. Nos unimos a la demanda de un esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsable intelectuales y materiales de los mismos. Al mismo tiempo llamamos a la comunidad internacional a exigir al gobierno mexicano el respeto a los derechos humanos y la desaparición de los grupos paramilitares, y la desmilitarizaron de la zona. A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a mantenerse atentos ante estos graves hechos y la realización de misiones urgentes a la región.

Paramilitares masacran a 45 Indígenas Tzoziles en Chiapas

México, D.F. a 26 de diciembre de 1997. CNIAC-FEDEFAM. De la preocupación pasamos a la consternación. El día 23 de diciembre recibimos la noticia por los medios electrónicos de una masacre mas en el estado de Chiapas; un grupo de hombres armados asesinaron a 23 personas, principalmente jóvenes adolescentes, hiriendo a

otros 30, niños y mujeres principalmente los cuales habían sido desplazados de sus zonas de origen.

Los asesinados no son zapatistas, según información de las distintas iglesias del lugar. Según información, se le aviso a las autoridades de la posible agresión, oras antes de que ocurriera, sin embargo, estas autoridades no hicieron nada para evitarlo.

• Pedimos a las organizaciones de Derechos Humanos se exija una investigación de porque las autoridades no evitaron los asesinatos y castigo a los culpables de estos crímenes.
• Que se reinicien las negociaciones entre el gobierno federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
• Alto al desplazamiento de indígenas de sus zonas de origen.
• Indemnización a los familiares de los afectados.

Hacemos del conocimiento de los lectores de Tlahui y de los defensores de derechos humanos, la siguiente denuncia, que recibimos de La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos, organismo con estatuto consultivo ante la ONU, (Resolución l296); filial de la Organización Mundial contra la Tortura, (OMCT) y Observador en México del Observatorio Internacional de Prisiones (OIP), solicita su intervención inmediata ante el Genocidio en Chiapas.

Diversos medios de comunicación están dando a conocer que el lunes 22 de diciembre de 1997, por la tarde, grupos priístas armados masacraron a 45 indígenas desplazados de la comunicad de Las Abejas y simpatizantes zapatistas refugiados en Acteal, en el municipio de Chenalho, que habían huido de las acciones violentas del grupo paramilitar Paz y Justicia

La Cruz Roja Mexicana, dio cuenta de 45 cadáveres de los cuales: nueve son hombres, 21 mujeres, 14 niños y un recién nacido y hasta el momento se conoce que hay 19 heridos. Todos ellos se encontraban escuchando misa en la iglesia del lugar.

Considerada por el consejo autónomo de Polho la agresión "mas violenta'' que grupo paramilitar haya realizado en el norte y Altos de Chiapas desde la aparición del EZLN, la embestida contra los desplazados, según los testigos, fue organizada con varios días de antelación y en ella participaron por lo menos 60 hombres fuertemente armados.

Javier Jiménez Luna, miembro de la sociedad civil de Acteal, y los dirigentes del consejo autónomo de Polho aseguraron que los desplazados que vivían en las montañas de Acteal fueron atacados por diferentes frentes para evitar que escaparan; habrían participado priístas de las comunidades de Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic.

Los Chorros y Puebla son consideradas la base de grupos paramilitares que operan en Chenalho. De ahí es originario el presidente municipal priísta Jacinto Arias Cruz.

Según versiones periodísticas, una ambulancia de la Cruz Roja que intento rescatar a mas lesionados fue atacada, por lo que solicitaron a las autoridades del estado protección policiaca para cumplir con su trabajo.

Los indígenas refugiados en Acteal son originarios de Tzajalucum, Chimix y Quextic, principalmente. Habitantes de las dos primeras habían sido agredidos el mes pasado por el grupo priísta, que quemó casas y se robó parte de la producción de los zapatistas o quienes son miembros de Las Abejas.

Desde principios de diciembre, los priístas habían amenazado con agredir a los desplazados, pero el inicio del dialogo de paz entre ambas partes contuvo la violencia. El pasado 19, los representantes del PRI, encabezados por el alcalde Arias Cruz, rompieron las platicas, argumentando que los zapatistas habían secuestrado a un priísta que estaba "amarrado y sin comida'' en Acteal.

El centro Fray Bartolomé de las Casas, asevero que el secretario de Gobierno de Chiapas, Homero Tovilla, fue enterado a mediodía por el secretario de la CONAI, Gonzalo Ituarte, del ataque contra los desplazados. El funcionario le manifestó que velaría por los pobladores.

Sin embargo, la ONG afirmó que elementos de Seguridad Publica permanecieron a 200 metros del sitio del ataque sin intervenir. Indicó que entre las víctimas hay niños y mujeres, y que los agresores utilizaron balas expansivas. Los heridos están siendo atendidos en la Clínica de Campo y en el Hospital Regional de San Cristóbal.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, recuerda que han sido reiterados los llamados desde hace varios años que claman porque se termine la impunidad de los grupos paramilitares, ellos son responsables de múltiples violaciones a los derechos humanos y actúan con la tolerancia e incluso promoción de funcionarios públicos, como lo evidencian los medios de comunicación y los reportes de ONG que han estado en la zona. Incluso los atentados contra los obispos de la Diócesis de San Cristóbal, hace un mes continúan impunes. Estos hechos son cometidos en una zona tan militarizada en la que el ejercito solo esta para inhibir el descontento popular, mientras los paramilitares se pasean con total impunidad.

También recordamos que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la ONU, pidió al Gobierno de México: "encontrar una solución justa y equitativa al problema de la distribución, incluida la restitución de la tierra. En cuanto a los conflictos sobre la tierra, deben adoptarse todas las medidas necesarias para velar por la aplicación del imperio del derecho sin una intromisión indebida por parte, entre otros de los poderosos terratenientes ".

El Comité recomienda que el Gobierno de México vele porque se investiguen las violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas y se indemnice a las víctimas". Manifestó su interés por averiguar que medidas se habían adoptado para acabar con las actividades de los grupos paramilitares que aun subsisten en las zonas indígenas, y saber si los detenidos habían tenido acceso a procedimientos judiciales justos y equitativos, y si los responsables civiles y militares que sabían de las desapariciones, ejecuciones arbitrarias y torturas habían sido detenidos y puestos a disposición de la justicia".

Al momento, (26 de diciembre, 1997) de acuerdo al periódico La Jornada, permanecen desaparecidas 7 personas, que podrían ser 8. Ante estos hechos que se tipifican como genocidio, nuestra organización pide, se envíen comunicaciones solicitando:

i. Presentación con vida y atención inmediata a las víctimas y el libre acceso a los medios de comunicación y organismos de derechos humanos y la reparación subsidiaria de daños.

ii. Ante la reiteradas denuncias no atendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, se investigue la actuación de misma y se tomen las medidas ante la probable actuación negligente o tolerante.

iii. Ante la falta de atención y la ejecución de medidas preventivas ante el caso, se investigue la actuación de la dirección de Seguridad Publica del Estado y se tomen las medidas ante la probable actuación negligente o tolerante.

iiii. Ante la presencia militar y su tolerancia ante los grupos que ostensiblemente se presentan armados conjuntamente con militares, la Secretaria de la Defensa Nacional, debe de investigar la responsabilidad que pueda existir al no proceder a notificar a la autoridad judicial correspondiente y al aseguramiento de las armas de dichos grupos.

iiiii. Ante la falta de atención del gobierno del Estado de Chiapas, se investigue la presunta responsabilidad administrativa y juicio político por su responsabilidad ante la falta de atención a los conflictos sociales que artificialmente surgen como consecuencia de la impunidad de la que gozan los grupos paramilitares.

iiiiii. A las Organizaciones Nacional y Estatal de derechos humanos, ha emprender el trabajo de campo y la instalación de campamentos de observación directa en la zona.

iiiiiii. Al Gobierno federal se le demanda una acción efectiva para el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y el Cumplimiento de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Convención respectiva.

Por la gravedad de lo anterior solicitamos su difusión y su valiosa intervención ante el gobierno de México, pidiendo cese el genocidio contra los indígenas, presentación inmediata y respeto a la integridad física y psicológica de las personas desaparecidas, desaparezcan bandas paramilitares, salga el Ejercito Federal y Corporaciones policiacas de Chiapas, así como juicio y castigo a los culpables de este crimen de lesa humanidad.

Detención Arbitraria de Ma. Concepción Rodríguez Carvajal

Puebla, México, a 11 de diciembre de 1997. Gustavo López. Estimado Mario Rojas, director de Tlahui: No tengo el gusto de conocerlo personalmente, le escribo desde la ciudad de Puebla, México, para enterarle de una historia más de los atropellos que a diario sufrimos los ciudadanos a manos de la policía judicial del Estado de Puebla, brazo ejecutor del ministerio publico, que busca cubrir su ineficiencia mediante la fabricación de culpables, este es el caso de mi vecina Conny (María Concepción Rodríguez Carvajal), una entusiasta promotora cultural de nuestra ciudad:

El día martes 9 de diciembre del presente (1997), a eso de las 19: 15 aproximadamente llegaron cinco personas al café La Obra (situado a un lado de la Universidad -Edificio Carolino- Autónoma de Puebla, 3 oriente 407, en Puebla, Puebla), en grupos de dos, con un intervalo de cinco o siete minutos: tres de ellos pasaron al interior del café y pidieron dos cervezas y una coca cola. Los otros (una mujer y un hombre) se sentaron afuera (normalmente se ponen dos mesas en el exterior del café), Conny como propietaria del café les atendió a todos, la pareja que llego al último la llamó y Conny salió del café, en ese momento dos de los que estaban en el interior salieron atrás de ella. Enseguida la inmovilizaron junto con la pareja y la llevaron a una camioneta Ram Charger de color blanco, ante sus gritos salieron su hijo en compañía de un amigo (ambos adolescentes) para defenderla de los desconocidos, que solo gritaron: "policía judicial" y apuntaron con sus armas a los jóvenes. Conny les pidió que fueran por ayuda, nada se pudo hacer por evitarlo, jamás presentaron identificación alguna ni documento alguno que justificara la acción.

Después de recorrer en vano todas las delegaciones del ministerio público en la ciudad, de preguntar por su paradero en la P.G.R, y en la misma Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Se levantó formal denuncia ante la agencia del ministerio público (a las 23:50 aproximadamente) en el centro (calle 9 oriente, entre la 14 y 16 sur) de la ciudad, quedando registrada como la averiguación previa numero 3660/997/ 1a., levantada en el segundo turno por Augusto Reynoso Rodríguez, y recibida por la agente María Elena Díaz Montiel. Previamente (21:30 horas) se había reportado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (con el Lic. López Mota). Los cuales tampoco lograron encontrar información al respecto.

Estando levantado la denuncia por secuestro, Conny se comunicó al celular de su esposo, para comunicarle que se encontraba detenida en los separos de la agencia especializada del ministerio publico (cuyo responsable es Felipe Morales Escamilla) en la ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla, que está a 62 Km de distancia de la Cd. de Puebla. Inmediatamente su esposo en compañía de un abogado se trasladó a dicha ciudad. Ahí habló con ella, no le permitieron a su abogado hacerse cargo del caso, alegando que ella había nombrado un defensor de oficio. En la mañana le enteraron que había firmado su confesión (?), aceptando ser participe de secuestro. Cuando él la volvió a ver y le pregunto al respecto, ella no quería hablar, señalando con temor que la estaban viendo los judiciales, que tenía mucho miedo, que si había firmado, había sido bajo tortura (bolsa de plástico, amenazada, orinada por los agentes judiciales, etc. etc.).

Hoy ante las preguntas de un reportero del periódico Síntesis, la procuradora de justicia da una versión totalmente diferente: Que se identificaron como agentes judiciales, que le mostraron una orden de presentación (no orden de aprehensión), que ella accedió a presentarse voluntariamente a la Cd. de Izúcar de Matamoros en companía de los agentes judiciales. Que aceptó haber (de motus propio) participado en el secuestro. Todo de manera voluntaria. No es la primera vez que la policía judicial estatal de Puebla se ve involucrada en violación a los derechos humanos, son varias las recomendaciones que la CNDH han hecho, y que no han sido cumplidas.

Mil perdones por la sintaxis del texto, y las faltas de ortografía, estoy nervioso. Tengo mucho temor a los judiciales, pero más temor me da callarme (cita de un personaje Beloascaran de Paco Taibo II). Datos que olvide incluir, su hijo se llama Augusto Reinoso Rodríguez. La afectada: María Concepción Rodríguez Carvajal.

Atentamente
Gustavo López A., Profesor Universitario. Correo electrónico:guslopez@cen.buap.mx

Nota. Por la seguridad del denunciante, Tlahui se reserva sus datos personales, centro de trabajo, domicilio y teléfonos. Hacemos responsable al Gobierno de México y al del Estado de Puebla, de la integridad física y psicológica de la víctima y de los testigos.