 Política
y Derechos Humanos
Politique
et droits de la personne
Politics
and Human Rights
Tlahui-Politic No. 4, II/1997
Violencia y fraude electoral en Campeche
Sin duda alguna ustedes realizan un gran trabajo, pero se olvidan del resto del país, aquí en Campeche hace poco tuvimos un fraude electoral de carácter descomunal, el pueblo se declaró en Resistencia Civil y ya han ocurrido tres enfrentamientos entre policías antimotines comandados por el "usurpador" Antonio González Curi. El primero de estos ocurrió el día 11 julio en la Ciudad de Campeche durante una manifestación de perredistas en la entrada del palacio de gobierno, a manguerazos y a macanazos dispersaron a cerca de 2000 personas encabezadas por la Senadora Layda Sansores San Román, a quien además de haberla agredido verbalmente, violaron su fuero constitucional de al impedirle la entrada al palacio de gobierno, además de que la policía le dio toques eléctricos con unos bastones especiales. El siguiente disturbio ocurrió durante una manifestación masiva en la Isla del Carmen. La siguiente y la más reciente ocurrió también en la Ciudad de Campeche el día 19 de octubre, cerca de 15,000 manifestantes protestaban pacíficamente en las afueras del palacio, sin embargo, por ordenes superiores, la policía lanzó gases lacrimógenos haciendo que la gente se replegara hacia un hotel que es propiedad privada, pero hasta ahí la policía entro destruyendo el Campamento de la Resistencia Civil Pacífica, autos particulares y tiros con escopeta, !las balas estaban ahí! esto no es mentira, ante la cerrazón de los medios de comunicación, se puede decir que Campeche esta entrampado en un mar de corrupción, donde se golpea a diputados locales, a dirigentes y a senadores del Partido de la Revolución Democrática, yo le pido su ayuda para lograr que se nos haga justicia, como joven que soy y consciente de que los Campechanos vivimos en la vil miseria, somos un pueblo pobre con un gobierno rico, la resistencia civil continúa y no hay planes de que termine, el pueblo está decidido !Campeche votó por el cambio!. Solicito muy cordialmente incluir algo de esta información en su pagina, pues solo veo sucesos de Chiapas, de Guerrero, de Zacatecas pero aquí, donde el pueblo esta reprimido no llegan los medios de información, aquí parece que vivimos en la otra parte oscura de México, nos hemos oscurecido ante la sobra de un sistema autoritario que se enfrío. Si usted o sus lectores necesita información, con gusto diríjase a mi persona, por medio del correo electrónico puedo enviarle fotografías y todo lo que necesite. Atentamente Regresar al índice/Revenir à l'index /Return to index/ Tlahui-Politic No. 4 Detenciones arbitrarias y tortura de indígenas de la Huasteca
Estos campesinos pertenecen a organizaciones sociales como el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ) y la Organización de Pueblos Étnicos "José María Morelos y Pavón" (OPE-JMMP) y desde estas fechas, se encuentran presos en el penal de "La Fortaleza de San Carlos", en Perote, Veracruz. Su proceso jurídico ha estado plagado de irregularidades, desde el momento mismo de su inicio, prueba de ello es que a Santos Soto lo detuvieron cinco días antes de su presentación ante el juez, desapareciéndolo y torturándolo durante ese lapso. Otra grave irregularidad es el hecho de que se les aplicara la prorroga de jurisdicción en dos ocasiones: la 1ª. al Juez Primero de Primera Instancia de Tuxpan, Veracruz y la segunda al Juez de Primera Instancia de Jalacingo. De acuerdo al artículo 11 del Código de Procedimientos Penales Para el Estado de Veracruz, "no cabe prorroga de jurisdicción..." a menos que..."la apertura y continuación del proceso, presente peligros para la seguridad y el orden público y para la vida del propio acusado" lo que, ni remotamente sucedía ni en uno, ni otro caso, por lo tanto, dicha prorroga de jurisdicción se les aplico indebidamente, logrando con esto que a los presos se les mantuviera en total estado de indefensión, pues con su traslado a lugares distintos de donde sucedieron los hechos, no tuvieron oportunidad de contar con una defensa adecuada ya que les nombraron al defensor de oficio y este nunca ofreció ninguna prueba en su favor. Lo anterior nos indica que el proceso jurídico es parcial y viciado desde su inicio. Luego se vino una serie de irregularidades que no garantizaban un juicio justo a los procesados y estos son: La parte acusadora presenta a un testigo que depende económicamente de esta. El cual narra una especie de imposible realidad, diciendo que " escondidos entre el monte, unos individuos empiezan a disparar con ráfagas de ametralladora a una distancia de 25 a 30 metros, dando una sola bala sobre una sola persona (la occisa), resultando ilesas otras dos que iban junto a esta", lo que nos hace pensar que si cuatro personas se tiran al mar, una sola gota de agua, moja a una sola persona, sin que se mojen las otras. A esto hay que agregar de paso que el dictamen forense determinó que la occisa murió por el impacto de bala en la cavidad torácica abdominal y luego el juez dice que la muerte fue por impacto de bala en la cabeza. Las irregularidades siguen cuando los procesados solicitan copias de su expediente y el Juzgado que conoce de la causa penal 224/96 no se las proporciona aunque la solicitud haya sido recibida, pero con este tipo de jueces y este tipo de justicia, una cosa es que la reciban otra es que sea tomada en cuenta. Después cuando los procesados hacen el nombramiento de su defensa desechando al defensor de oficio, nuevamente la juez no toma en cuenta tal promoción y vuelve a imponer al citado "defensor" de oficio, en contra de la voluntad de los acusados, violando con esto sus garantías Constitucionales y su derecho a defenderse, manteniéndolos aun en estado de indefensión. Después de un ano de proceso en 1997, en abril de este ano se turnó el expediente al Ministerio Publico para que formule conclusiones y hasta julio aun no las presentaba, rebasando con esto el término legal para hacerlo que prevé el artículo 270 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, ante lo cual, los acusados promueven solicitud ante el Juzgado para que certifique este hecho y que tome en cuenta, que no habiendo conclusiones acusatorias, se les conceda la libertad. Sin embargo, ante tal petición, la Juez de la causa dictó acuerdo el 10 de julio de 1997 en el que señala "no hay lugar, acordar toda vez que no hay fundamentación alguna para tener formuladas conclusiones no acusatorias". Dejando de manifiesto nuevamente que la impartición de justicia en nuestro país y en este caso concreto, ni es expedita, ni es pronta, ni es imparcial, pues a pesar de todas las irregularidades se niega a los acusados el derecho a la libertad. Y el articulo 20 fracción VIII de la Constitución General de la República que señala: "todo individuo será juzgado antes de 4 meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena máxima excediere de ese tiempo." En él señala que el proceso no debe pasar de 1 año sin que se haya dictado sentencia; en julio de 1997 son sentenciados a más de 20 años de prisión, por los delitos que no cometieron, según se ha dejado ver con todas las irregularidades ya mencionadas. Este tipo de actuaciones de la autoridad Judicial, concretamente en este proceso penal que se sigue a los indígenas, nos viene a dejar en claro que el citado proceso no esta basado en fundamentaciones jurídicas, sino en determinaciones personales de un juez que obedece consignas que denotan tintes políticos y que a todas luces parecen ordenar a los juzgadores que, pase lo que pase no se deje en libertad a los acusados. Ante esta situación solicitamos a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, a las personalidades, diputados y senadores su intervención exigiendo la libertad inmediata de estas personas así como de los demás presos políticos indígenas. Exigir también el castigo de los servidores públicos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que padecen las comunidades indígenas de las huastecas y de todo el país. Atentamente: CODHHSOAC. C. Miguel Cruz Zavala, Presidente y C. Roberto Hernández Bautista, Vicepresidente. Guayabo No.6, Departamento 2, Colonia El Arenal, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02980, México, D.F. Tel/Fax: (525) 3561192. Correo Electrónico: codhhso@laneta.apc.org Regresar al índice/Revenir à l'index /Return to index/ Tlahui-Politic No. 4 Emboscan a los Obispos de San Cristóbal de Las Casas
Los señores obispos de San Cristóbal de Las Casas, Don Samuel Ruiz García y Don Raúl Vera López, O.P. se encuentran realizando una visita pastoral en la conflictiva región de la zona norte. Desde hace varias semanas cuando se anunció la visita pastoral y se señaló la comunidad de Guadalupe Jolnopá como uno de los lugares donde se visitaría, el grupo Paz y Justicia empezó a amenazar que taparía el paso para impedir la visita. Semejante amenaza se anunció, cuando Mons. Vera, debería visitar la comunidad de El Limar, en el municipio de Tila, en mayo de 1996. De la emboscada de este día resultaron heridos José Pedro Pérez Pérez de 25 años de edad, José Vázquez Pérez de 30 años, ambos catesquistas y Manuel Pérez Pérez, mayordomo del Sagrario de Nuestro Señor de Tila. En los vehículos emboscados se encontraba el padre párroco de Tila, dos religiosas varios catequistas y feligreses de la parroquia y el médico del dispensario quien prestó de inmediato atención a los heridos e hizo el informe correspondiente. Habiéndoles dado atención en el dispensario médico y los puso bajo observación. Tememos por la seguridad de los obispos en su visita a la zona pues ésta se prolongará hasta el próximo domingo 9 de noviembre. De igual forma no descartamos agresiones sistemáticas a los sacerdotes, religiosas y catequistas de las parroquias que se visitarán. También deducimos que este es un nuevo anuncio de lo que el denominado grupo "Paz y Justicia" anunció después de la visita de Mons. Raúl Vera en la zona norte en mayo de 1996. Es decir una serie de ataques a las comunidades visitadas, arrojando como resultado dispensarios destruidos, cooperativas saqueadas, casas desoladas y destruidas, templos profanados, tres mil (3,000) personas desplazadas y varias personas asesinadas y desaparecidas. Este acto, lejos de ser aislado, aparece como un plan de agresión contra la iglesia católica ya que en contra del parecer de las comunidades cuya voz alegan asumir, algunas autoridades están prohibiendo la visita y el paso de los sacerdotes católicos y demás agentes de pastoral a varias comunidades cuyos templos permanecen lamentablemente cerrados. Tanto la Diócesis de San Cristóbal como las organizaciones sociales y las no gubernamentales hemos denunciado con insistencia la actuación impune de grupos paramilitares con protección de autoridades, la existencia de una guerra de baja intensidad negada sistemáticamente desde esferas oficiales y la ingobernabilidad existente en el Estado, particularmente a partir del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. El ataque sufrido por nuestros obispos y las personas que les acompañaban es un hecho más que confirma la situación dramática que sufre nuestro Estado y la ineficacia de las medidas tan espectacularmente anunciadas Pedimos a todos nuestros amigos hacer acciones urgentes demandando al Gobierno de la República garantías por la vida de los obispos Don Samuel Ruiz García y Don Raúl Vera López, la disolución del grupo paramilitar Paz y Justicia y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Difundan la información. Gracias. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Francisco León 4, Barrio de Santa Lucía, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, C.P. 29250. México. Tel.: (967) 8 35 48. Fax: (967) 8 35 51. E-Mail: cdhbcasas@laneta.apc.org Regresar al índice/Revenir à l'index /Return to index/ Tlahui-Politic No. 4 Liberación de Antonio Aguilar Hernández
Este fue trasladado a lugar desconocido por "elementos policiacos" donde "era torturado e inyectado con sedantes". Debido a las condiciones de salud del ciudadano en mención, se recomendó su internación inmediata en un hospital. Por otro lado, el 27 de octubre, se cumplieron 4 años que supuestos policías detuvieron y desaparecieron a los hermanos Regino, Benigno y Pablo Rentería Liborio, campesinos del municipio de Azoyu, Guerrero, Región de la Costa Chica, pertenecían al Partido da la Revolución Democrática. (Carta en La Jornada, 2 de noviembre, 1997). El campesino Celio Estevez de la Cruz de 42 años, miembro del PRD, fue asesinado ayer en Agua Fría en la Sierra de Atoyac, Gro., por un grupo de hombres no identificados. Este fue el segundo asesinato de perredistas en esta semana en la Sierra de Atoyac. El miercoles 29 de octubre fue acribillado también el campesino Roberto Lopez Zeferino, en la comunidad de Cucuyachi. (La Jornada, 3 de noviembre, de 1997). Regresar al índice/Revenir à l'index /Return to index/ Tlahui-Politic No. 4 Demanda de garantías para los miembros de la OCSS
Los compañeros arriba mencionados fueron detenidos el 4 de julio 1996 a las 6 de la tarde, desaparecidos por 3 días donde fueron torturados por el Ejercito Mexicano y presentados ante el Ministerio Publico el día 7 del mismo mes como miembro del Ejercito Popular Revolucionario, dentro de la causa penal 54/96 privados de su libertad en el Centro Regional de readaptación Social de Acapulco, Gro. donde se les dictó una sentencia condenatoria, imponiéndoles a cada uno, una pena de 5 años de prisión por conspiración, y de 3 años de prisión por portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejercito, dando un total de 8 años de prisión. Preocupados por la vida de nuestros compañeros ya que continuaran participando en la Organización como ellos lo han manifestado, tendrán que desplazarse en las comunidades donde realizan su trabajo de la OCSS y al penal de Acapulco para firmar cada 8 días. Pedimos estar atentos a lo que pueda pasar a nuestros compañeros y sus familias. Agradeciendo su atención en la defensa de los Derechos Humanos aprovechamos este espacio para enviarles un saludo. Atentamente: Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Regresar al índice/Revenir à l'index /Return to index/ Tlahui-Politic No. 4 Detención-desaparición de Antonio Aguilar Hernández
El C. Antonio Aguilar Hernández no tiene actividad política, otra que la lucha por la libertad de su hermano Delfino de Jesús Aguilar Hernández, detenido en junio de 1991, preso actualmente en la prisión arriba mencionada. Su desaparición esta dentro del contexto de la Guerra Sucia, siendo parte de las múltiples desapariciones forzadas de que han sido víctimas muchos luchadores sociales, quienes en algunos casos son mantenidos desaparecidos y torturados, siendo liberados posteriormente, ejemplo de ello hay muchos, el más reciente es el caso del C. Profesor, Mario Cruz López desaparecido el 20 de agosto de 1997 y sometido a tortura psicológica.
Ernestina Hernández de la Cruz y Reyna, madre y hermana de Antonio, precisaron que la semana pasada se reunieron con Leonel Arguelles, director de Análisis Político de la Secretaria de Gobernación, y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir la presentación con vida de su familiar. El Centro reitero que con la presencia de sujetos que no se identifican "queda claro que Antonio Aguilar esta en manos de alguna corporación policiaca, que más bien cumple la función de grupos tipo escuadrones de la muerte", y solicito que grupos humanitarios y personalidades democráticas se pronuncien por que cese el hostigamiento y sea presentado Antonio. Regresar al índice/Revenir à l'index /Return to index/ Tlahui-Politic No. 4 Tortura del joven Gerónimo Hernández Refugio
Regresar al índice/Revenir à l'index /Return to index/ Tlahui-Politic No. 4 Agradecimientos y Liberación de Gregorio Camacho Salas
Aquí su testimonio sobre su detención ilegal: El domingo 19 de octubre salí de mi hogar rumbo al mercado de Zapotitlán a hacer unas compras y en mi camino fui interceptado por 4 sujetos que se decían ser agentes del servicio especial y con violencia de golpes me obligaron a subir al carro, por que me dijeron que tenían orden de aprehensión en contra mía, la cual nunca me enseñaron, eran las 9:45 a.m. Los sujetos me interceptaron entre las calles Ignacio Altamirano y Guillermo Prieto, pueblo de Zapotitlán delegación Tlahuac, D.F. Después de subirme al carro con lujo de violencia, me golpearon, uno de ellos se m echo encima tratando de ahogarme, después de esto me taparon los ojos de ahí ya no supe a que rumbo me llevaron. Yo sentí que hicimos mucho recorrido, después sentí que pararon el carro, me sacaron cargando, oí que abrieron una puerta y con lujo de violencia me arrojaron al interior del cuarto y ahí me amenazaron que si sigo denunciando a la Lic. Gloria Brasdefer Hernández, delegada de Tlahuac me amenazaron de muerte. Yo ya no contesté nada por temor a que cumplieran su amenaza de muerte en contra de mí. Y después de todo esto me dijeron hay te dejamos y no intentes quitarte la venda de los ojos por que lo vas a lamentar ahorita volvemos por ti, para haber que hacemos contigo, y pasó no sé ni cuanto tiempo en ese cuarto tan obscuro, esperando que cumplieran su amenaza. Después de tanto tiempo de espera, no sé ni que hora era, me fueron a sacar y me dijeron: llego tu hora escandaloso y no contesté nada. Me volvieron a sacar cargando y me introdujeron al coche volvieron a hacer un recorrido, quien sabe por cuanto tiempo, hasta que pararon el carro y uno de ellos me dijo hasta aquí llegaste escandaloso y me aventaron a un predio baldío. Yo esperaba que cumplieran sus amenazas, otros sujeto me dijo ahí te quedas y cuidado y te quitas las vendas porque te vas a arrepentir. Pasaron cerca de dos horas cuando ya no ahí ningún ruido, entonces como pude me desaté las manos me quite la venda de los ojos, me comunique al centro de Chalco donde tome un taxi que me trajo a las oficinas de la CIZT-MPI, zona de Tlahuac, Conchita Zapotitlán. De estos hechos responsabilizo a la Lic. Gloria Brasdefer Hernández. Yo soy Gregorio Camacho Salas, presidente de la Coalición de Ejidatarios de Santiago Zapotitlán, integrantes del Movimiento Proletario Independiente. Atentamente: Gregorio Camacho Salas, 50 años de edad. Regresar al índice/Revenir à l'index /Return to index/ Tlahui-Politic No. 4 Violación y tortura de Gloria Roque Bautista
Dos presuntos agentes de inteligencia militar violaron y golpearon a Gloria Roque Bautista, secretaria de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, UOSS, para exigirle información sobre las actividades políticas de los dirigentes de esa organización a quienes tratan de vincular con el Ejercito Popular Revolucionario, entre ellos al ex-diputado Ranferi Hernández Acevedo, Bertoldo Martínez Cruz, preso en Acapulco y a la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocio Mersino. Es la tercera vez que la joven, de 19 años de edad, es detenida por los mismos agentes y secuestrada durante algunas horas. En las dos ocasiones anteriores, en agosto pasado, la empleada fue amenazada de muerte por los agentes que viajaban en un Golf Blanco, después de que rechazo el ofrecimiento de dinero a cambio de acusar a Martínez Cruz de ser el principal dirigente eperrista en Guerrero. Acompañada por los abogados de la OCSS, denuncio los hechos ante el Ministerio Publico... Relato que el miércoles 10, a las 21:00 hrs, ambos agentes que la han seguido y vigilado constantemente durante los últimos seis meses y que portan pistolas y radios de comunicación, la amenazaron con una pistola, la subieron al vehículo y la llevaron a un lugar solitario donde la golpearon y la violaron. La detuvieron seis horas: Me preguntaban por el diputado Ranferi Hernández y por Bertoldo Martínez Cruz... Por la gravedad de lo anterior, a los lectores de Tlahui, les pedimos su difusión, solicitándoles su valiosa intervención ante el C. Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de México. Para pedir la desmilitarización y desaparición de bandas paramilitares y guardias blancas del país, alto a la guerra sucia contra la población, cesen las detenciones arbitrarias y desapariciones-forzadas, respeto a la vida e integridad física y psicológica y presentación con vida de la persona mencionada, y de más de 1300 ciudadanos que se encuentran desaparecidos, libertad de más de 10 mil presos políticos del país, cesen los asesinatos por motivos políticos, fabricación de culpables por medio de la tortura, y hostigamiento contra la población en general.
Index. Tlahui-Politic No. 4 |
Campeche,
México, a 27 de noviembre de 1997. 